En los últimos días se ha gestado un entorno de gran incertidumbre entre los integrantes y estudiosos de la Administración Pública Federal, ante la propuesta del ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, de relocalizar las oficinas centrales de varias dependencias federales en distintas ciudades de México. ¿Cuál es la finalidad de esta propuesta? Al decir de López Obrador, “que haya un crecimiento parejo en todos los estados de la República.” Es decir, que 30 años de modernización administrativa y de nueva gestión pública no han permeado en el ánimo del equipo de transición, ni en el futuro nuevo gobierno, para al menos intentar explicar el cambio en términos de la eficacia, eficiencia y economía que tal cambio puede representar. Simplemente se le anuncia como una medida diseñada para impulsar un crecimiento regional que si bien no depende por entero de la contribución que para ello aporte el gasto de los servidores públicos a ser relocalizados, sí puede impulsar el desarrollo local de los centros urbanos seleccionados, por el impacto que tendrá sobre la demanda agregada de cada región específica.
El listado de las dependencias más importantes cuyas oficinas centrales serán relocalizadas, es el siguiente:
- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (antes SAGARPA), a Ciudad Obregón, Sonora.
- Secretaría de Bienestar (antes de Desarrollo Social), a Oaxaca, Oaxaca.
- Secretaría de Desarrollo Urbano, a Pachuca, Hidalgo.
- Secretaría de Educación Pública, a Puebla, Puebla.
- Secretaría de Energía, a Villahermosa, Tabasco.
- Secretaría de Medio Ambiente, a Mérida, Yucatán.
- Secretaría de Salud, a Chilpancingo, Guerrero.
- Secretaría del Trabajo, a León, Guanajuato.
- Secretaría de Turismo, a Chetumal, Quintana Roo.
- Sistema de Administración Tributaria, a Mexicali, Baja California.
- Comisión Nacional del Agua, a Veracruz, Veracruz.
- Instituto Mexicano del Seguro Social, a Morelia, Michoacán
- Instituto Nacional de Migración, a Tijuana, Baja California.
- Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado, a Colima, Colima.
- Petróleos Mexicanos, a Ciudad del Carmen, Campeche; entre otras.
De llevarse a cabo la medida, afectará a más de 740 mil servidores públicos y a sus familias, lo cual es de por sí un desafío impresionante para un solo sexenio. Pero lo más relevante para el análisis profundo de las causas, es la afectación que resultará para el Estado mexicano. ¿Esta relocalización de las oficinas centrales de las dependencias las hará más eficientes y capaces para entregar los bienes públicos cuyo mandato está establecido en la Ley de la Administración Pública Federal? ¿Replica alguna experiencia exitosa o buena práctica en algún otra parte del mundo? ¿Pone en marcha alguna recomendación de grupos académicos o de organismos internacionales para el desarrollo, debidamente sustentada con datos, análisis y escenarios más o menos previsibles? ¿O se trata solamente de una corazonada del ganador de las elecciones y de sus asesores?
Veamos: ningún país en el mundo tiene tal dispersión de oficinas centrales de las dependencias del Estado. Los ministerios y sedes de las dependencias gubernamentales se encuentran reunidas en una sola ciudad, cuando no en un solo cuadrante del mismo centro urbano: Washington D.C. en Estados Unidos alberga a la gran mayoría de las dependencias gubernamentales de ese país. Lo mismo ocurre con París, en el caso de Francia; Roma, en Italia; Berlín, en el caso de Alemania; el cuadrante de Whitehall en Londres, en el caso del Reino Unido. Y lo mismo sucede con las capitales de Japón, Canadá y Rusia, por hablar del Grupo de los 8. Así también con el grupo de los 20, y para abreviar, con la totalidad de los integrantes de las Naciones Unidas. Es decir, no hay otro caso similar a lo que propone López Obrador y su equipo, al menos en el plano nacional.
En el orden internacional, las propias Naciones Unidas sí son un ejemplo de localización dispersa de las sedes de distintas organizaciones internacionales. Si bien un buen número de ellas se localizan en Nueva York, también encontramos a la sede de la FAO en Roma, Italia; la UNESCO en París, Francia; el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza; la OMI en Londres, Reino Unido; la ONUDI en Viena, Austria; la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos; e incluso el PNUMA en Nairobi, Kenia y la CEPAL en Santiago de Chile. Con ello, en efecto hay un caso, si bien en el plano internacional, de dispersión exitosa de sedes administrativas en puntos geográficos distantes, es de hacer notar que la inmensa mayoría están localizadas en países desarrollados. Por poner un ejemplo, en México no hay una sola sede de alguna organización internacional de las Naciones Unidas, aunque desde luego se encuentran oficinas regionales de muchas de ellas.
En el plano nacional, hay un par de antecedentes que pueden anticipar el resultado final del planteamiento de López Obrador en este asunto: la relocalización de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a Cuernavaca, Morelos, y la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes; ambas durante los años ochenta. En primer lugar, destaca que ninguna de estas dos entidades cumple funciones regulatorias, como otras dependencias federales. No obstante, las experiencias de ambas instituciones muestran que tardaron al menos tres años en funcionar debidamente, a partir de su relocalización, sin mencionar el desafío mayúsculo en términos de movilización de los cientos de servidores públicos adscritos a ellas. Y por cierto, en términos de eficiencia y ahorro del gasto público, puede que no resulten las cosas como se espera, y terminen duplicándose o triplicándose los gastos administrativos, si consideramos que el INEGI nunca desocupó sus anteriores oficinas en la Ciudad de México.
La idea se antoja muy peregrina. No tiene sustento metodológico, ni es la causa o la conclusión de ningún instituto o grupo de especialistas en administración pública. No refleja la práctica exitosa de ningún país, ni la buena práctica de algún estadista antes que López Obrador. A menos que se den a conocer los estudios o análisis que lo llevan a su conclusión, estamos frente a una mera ocurrencia sin ningún sustento teórico ni referencias prácticas.
A pesar de todo, podría funcionar… a muy largo plazo. Una relocalización de las oficinas centrales de tantas dependencias federales, es posible dado que el Distrito Federal pasó a ser Ciudad de México, y por tanto no hay impedimento legal para realizar el traslado. Pero seguramente será muy costoso en términos de gastos administrativos, y sobre todo en términos de ineficiencia y retrasos en la resolución de los trámites que se deban realizar durante la plena mudanza de las oficinas. El mismo Esteban Moctezuma, quien dirigirá la SEP a partir de diciembre, ha reconocido la realidad y anticipa que si bien él despachará en Puebla desde el primer día de gobierno, el traslado de toda la secretaría a su cargo se espera finalizar en tres años, cuando menos.
Y lo peor de todo es que, a final de cuentas, las decisiones seguirán siendo centralizadas, aunque las sedes estén dispersas. Por ello, es conveniente que en el análisis del tema hablemos seriamente de la descentralización que permite eficacia, antes que de una relocalización que anticipa muchos dolores de cabeza, para los servidores públicos, el mismo gobierno y los ciudadanos.
