El pasado 01 de junio de 2025, México, y más que México, las y los mexicanos vivieron un momento histórico: por primera vez, la ciudadanía eligió mediante voto popular a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma de la cual hablamos en la entrega anterior, impulsada en septiembre de 2024, buscó democratizar la justicia y acercarla al pueblo. Sin embargo, no pudo vencerse el reto de lograr una mayor participación ciudadana debido al desconocimiento y desinterés generalizado de la población.
Fueron diversos los esfuerzos y actividades del Instituto Nacional Electoral (INE) para combatir el abstencionismo que se vislumbraba. Por ejemplo, en Baja California Sur, el INE participó en el foro “Ven, Conoce, Practica y Ubica” para informar a la ciudadanía sobre la elección extraordinaria del Poder Judicial. A pesar de estos esfuerzos, muchos ciudadanos desconocían la existencia de estas elecciones y la importancia de su voto en el futuro de la impartición de justicia de nuestro país.
La complejidad del proceso también contribuyó al desinterés, por llamarlo de alguna manera. En estados como Veracruz y Durango en los cuales hubo elecciones judiciales locales, los votantes recibieron hasta 13 papeletas diferentes, lo que generó confusión y desaliento para la ciudadanía.
El INE y los Organismos Públicos Locales (OPLEs) enfrentaron múltiples desafíos. El Instituto Nacional Electora, a través de sus Consejeros Electorales, destacó la importancia de promover el voto libre y consciente, instando a la ciudadanía a no permitir que nadie influyera en su decisión.
Por otro lado, las y los candidatos enfrentaron restricciones en sus campañas, con lineamientos estrictos que limitaron su capacidad para darse a conocer. Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte, señaló que esos frenos dificultaron que los ciudadanos se informaran adecuadamente sobre los candidatos y sus propuestas.
Para fomentar una mayor participación ciudadana en proceso electoral extraordinarios similares, será fundamental, robustecer desde la ciudadanía las acciones de las autoridades electorales lo cual a la vista de la que estas líneas escribe, podría lograse implementando estrategias efectivas de información y educación cívica como campañas comunitarias informativas y educacionales, colaboración con organizaciones civiles, esclarecimiento del proceso electoral y garantía de transparencia. No obstante, más allá de estas propuestas, es imprescindible mirar hacia el actor central en esta coyuntura: la ciudadanía misma. Porque, aunque el contexto institucional presente limitaciones, y aunque los recursos de difusión no siempre sean los ideales, la democracia —especialmente una que busca renovarse desde sus raíces— también se construye desde abajo, desde lo cotidiano, desde lo colectivo.
La democracia no depende únicamente de las autoridades electorales ni de las y los candidatos. Depende también, y, sobre todo, de la sociedad civil organizada y de cada ciudadana y ciudadano que, consciente del momento histórico que vivimos, decida tomar parte activa en el proceso. La tarea es inmensa, sí, pero no imposible. Y no empieza desde cero.
La sociedad civil en México ha demostrado una y otra vez su capacidad para movilizar, informar y construir puentes entre lo institucional y lo ciudadano. Desde colectivos barriales hasta redes académicas, desde asociaciones feministas hasta plataformas digitales independientes, hay una reserva ética y organizativa que, si se articula con propósito, puede incidir directamente en la calidad de cualquier proceso electoral. Esta sociedad civil debe asumir un papel activo en la difusión clara y pedagógica de lo que está en juego. No se trata solamente de repetir eslóganes de participación, sino de generar contenidos accesibles, diálogos públicos y espacios de formación que permitan a la gente entender qué implica votar y sus consecuencias.
La ciudadanía, por su parte, no puede esperar a que toda la información le llegue servida ni resignarse al escepticismo. Participar activamente significa también hacerse preguntas, investigar, dialogar con otros, compartir información verificada y, sobre todo, asumir que ejercer el derecho al voto es también una forma de construir el país que queremos. Las redes sociales pueden jugar un papel crucial, no solo como medio de difusión, sino como espacio de debate y formación. Una publicación con información clara sobre el proceso puede tener más impacto de lo que imaginamos en nuestras redes y así, llegamos a más personas.
Robustecer el proceso desde la ciudadanía también implica denunciar las irregularidades, vigilar el cumplimiento de las normas y ejercer una presión activa sobre autoridades, candidatas y candidatos para que garanticen procesos transparentes. No basta con votar: hay que observar, documentar, participar en las mesas de diálogo y exigir resultados que reflejen la voluntad popular.
Esta reforma y elecciones rompen con la idea de que el Poder Judicial es un espacio lejano, técnico e inaccesible. Al abrirse a la lógica electoral, se convierte también en un espacio político —en el mejor sentido de la palabra— y, por lo tanto, en un terreno donde la ciudadanía tiene todo el derecho de incidir. Esta elección no solo marca un precedente, sino que sienta las bases para una nueva relación entre la justicia y la gente. Si lo que se quiere es una justicia más cercana al pueblo, entonces el pueblo debe tener voz, debe tener voto, pero también debe tener conciencia.
A juicio de la que comparte esta reflexión, quienes tenemos la posibilidad de informarnos, tenemos también la responsabilidad de compartir ese conocimiento. Porque solo con una ciudadanía informada, crítica y activa es posible consolidar un verdadero Estado democrático de derecho.
En definitiva, este 1 de junio no se trató solo de elegir personas juzgadoras; se trató de elegir el tipo de justicia que aspiramos a construir. Se trató de decidir si queremos seguir viviendo en un sistema donde el Poder Judicial se percibe como un ente cerrado, o si apostamos por abrirlo a la deliberación pública, al escrutinio y a la participación. Se trató, al final del día, de ejercer un derecho que marcó un antes y un después en la historia de nuestra democracia.
Y en ese desafío, la ciudadanía no puede permanecer solo espectadora. Está llamada a ser protagonista.
