De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (IPU), México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en paridad de género. El Congreso de la Unión está integrado en forma paritaria desde 2024 y también los congresos locales cuentan con tantas mujeres como hombres legislando. En América Latina somos el segundo país con más diputadas y senadoras, sólo por detrás de Nicaragua que, es necesario acotarlo, no mantiene un régimen democrático o competitivo. Sin embargo, hace apenas 25 años el panorama era muy diferente, las mujeres ocupaban alrededor del 16% de los escaños nacionales, lo cual nos colocaba por debajo del promedio regional.
¿Cómo se pudo remontar el rezago en 5 lustros? Es necesario recordar que fue en 1953 cuando se nos reconoció el derecho a votar y ser votadas. Y que en 1979 se eligió a la primera gobernadora, Griselda Álvarez, en Colima. Antes de la aprobación de la reforma conocida como de “paridad en todo”, en 2019, sólo siete mujeres habían sido electas gobernadoras (una de ellas, jefa de Gobierno) y dos habían sido nombradas interinas. Ahora, por el impulso de las propias mujeres, las normas han cambiado y, electoralmente, los Poderes Públicos deben integrarse en forma paritaria.
Sin embargo, la visibilización e integración de más mujeres en cargos de elección popular ha tenido el correlato indeseado que representa la violencia contra ellas. No se les cuestiona por su desempeño, sino por la manera como visten, o por la familia de la que provienen, o por sus características físicas. Ese tipo de críticas no se realizan a los hombres. Difícilmente nos hemos enterado quiénes son las esposas de nuestros políticos, a menos que sea en las páginas de “Sociales” y esto sucede, generalmente, mediante un acuerdo publicitario con algún medio.
No nos confundamos; las mujeres siempre han participado activamente en política, gestionando mejoras para sus comunidades, por ejemplo, y particularmente lo han hecho desde la trinchera electoral. Ellas son las que organizan los comités en el territorio, las reuniones para recibir a candidatos y candidatas y quienes les acompañan en sus recorridos. El 61% de la militancia de los partidos políticos en México corresponde a mujeres. No son, eso sí, las líderes de las estructuras. Esos espacios continúan siendo, casi, reservados para hombres.
También en el Congreso de la Unión ocurre algo similar: a pesar de que hay tantas mujeres como hombres en la Legislatura, sólo 1 de los 7 espacios de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados es ocupado por una diputada, mientras que en el Senado una senadora ocupa uno de los 7 lugares que integran el órgano homólogo de esa Cámara.
Entonces, por qué si ellas están en el escenario electoral mayoritariamente, no lo encabezan. No es por falta de talento o por falta de preparación. Unas de las razones que explican esta desigualdad son: la violencia que les infringen en las campañas, el escaso apoyo económico que les brindan o las dificultades para vencer obstáculos estructurales.
Quiero referirme a esas razones en mi próxima entrega.