La migración se ha convertido en un tema crucial en el debate internacional. La globalización, los cambios políticos y el calentamiento global han generado una mayor movilización de personas. Las crisis humanitarias como la de Haití, los conflictos armados en el Medio Oriente, la violencia vicaria que se genera en México y las crisis políticas continúan provocando desplazamientos masivos de personas.
Los flujos migratorios son cada vez más diversos y complejos, con personas que se mueven por diferentes razones y a través de distintas rutas, en un contexto de extrema vulnerabilidad donde operan y obtienen enormes ganancias las redes del crimen organizado a nivel internacional.
El predominio de la visión del Norte Global no considera las ventajas que los movimientos migratorios pueden ofrecer ante los cambios demográficos que enfrentan, como el envejecimiento de su población. Un ejemplo destacado es China, que por primera vez presenta un decrecimiento poblacional en 2024.
Muchos ven la migración internacional de los países menos favorecidos como una amenaza para su identidad nacional; otros culpan a los migrantes de recibir salarios bajos, abaratar la mano de obra, incrementar la presión sobre los programas sociales y hablan negativamente del efecto social y de seguridad que causan. Lo cierto es que, de acuerdo con información de las Naciones Unidas, existen 304 millones de migrantes internacionales que conforman el 3.7% de la población mundial, es decir, 1 de cada 27 personas es migrante.
Los líderes de las grandes naciones deben alejarse de la retórica, hacer una verdadera planeación estratégica y formular políticas públicas que les ayuden a compensar los desequilibrios demográficos, fomentando la regularización de las personas migrantes a través de un proceso de control migratorio apegado siempre a los derechos humanos y acompañado de programas de integración social.
Los principales países destino de personas migrantes en el mundo en 2024 son: Estados Unidos con un 15.2%, Alemania 19.8%, Arabia Saudita 40.3%, Reino Unido 5.3%, Francia 13.8%, España 18.5%, Canadá 22.2%, entre otros, con base en información estadística de las Naciones Unidas de 2024.
De acuerdo con la misma fuente, los países de origen son: India 1.3%, China 0.8%, México 8.9%, Ucrania 25.8%, Rusia 6.3%, Siria 1.7%, Bangladesh 4.4%, Venezuela 29.3%, entre otros.
Conforme a información estadística del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2024 había 122.6 millones de personas desplazadas en el mundo: 68.3 millones son desplazados internos, 37.9% son refugiados, 8 millones son solicitantes de asilo y 5.8 millones tienen necesidades de protección internacional. Cabe subrayar que hay 204,778 personas de nacionalidad mexicana en búsqueda de asilo, mayormente en Estados Unidos.
En México estamos siendo testigos de una grave crisis migratoria provocada, por un lado, por la retórica del gobierno estadounidense y, por otro, por el pésimo manejo político de México. Las políticas de tolerancia cero de Donald Trump están causando un sinfín de tragedias debido al reforzamiento de su control migratorio, totalmente alejado de los derechos humanos.
México tiene 11.5 millones de migrantes viviendo en el extranjero, esto es el 8.9% de la población, y de ellos más del 95% vive en Estados Unidos. Solo en 2023 llegaron más de 250,000 mexicanos a territorio estadounidense. En 2024, la población nacida fuera de México era de 1.7 millones, lo que representa el 1.3% de la población, 64% nacieron en Estados Unidos. De 2015 a 2020 solo fueron retornadas 331,989 personas, y para 2025 nuestro vecino del norte planea deportar al menos un millón de personas.
Desde la década de los años 90, la migración y la seguridad son parte fundamental del discurso del gobierno de Estados Unidos en su relación bilateral con México. Republicanos y demócratas tienen acuerdos estratégicos donde el tema migratorio va ligado al Tratado de Libre Comercio y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que es un asunto de seguridad nacional. En 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, el tema de la protección de las fronteras se volvió prioridad, por ello México implementó un nuevo sistema de pasaportes, firmó el Acuerdo de Fronteras Inteligentes en 2002 y posteriormente, en 2007, ambos gobiernos firmaron la Iniciativa Mérida bajo un esquema de cooperación bilateral para solucionar los problemas provocados por las redes criminales que lucran con el tráfico de drogas, armas y personas.
Para la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), el tráfico de personas es el traslado o transporte de personas de un lugar a otro. Durante esos trayectos, los migrantes van pagando un alto costo por ello, aun a costa de sus propias vidas y de la violación sistemática de sus derechos humanos.
La principal diferencia entre el tráfico y la trata de personas se enfoca en que el tráfico se centra en el traslado o transporte de personas, mientras que la trata de personas se enfoca en la explotación en sí misma. Según el Dr. Mario Luis Fuentes, “la trata de personas es la peor forma de violencia contra un ser humano.”
De acuerdo con ACNUR, la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Las consecuencias de este delito son terribles; entre ellas podemos mencionar las sociales, las sanitarias, el rechazo, la vergüenza, el aislamiento, la negación, la culpabilidad, el miedo, la pérdida de la confianza y la inseguridad para relacionarse o establecer nuevas relaciones, etc.
Las redes criminales de trata y tráfico de personas no diferencian edad, condición social, raza, género, religión o ideología política. Niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres o adultos mayores están en riesgo.
Existen instrumentos jurídicos nacionales e internacionales cuya finalidad es prevenir y combatir la trata de personas, brindando atención especializada a las mujeres, niñas y niños, respetando plenamente sus derechos humanos e implementando la cooperación entre los Estados Parte para lograr estos fines.
A pesar de que en México tenemos una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, conformada por 21 secretarías de Estado, 27 entidades federativas y 2,477 municipios, el Estado mexicano ha fallado estrepitosamente en fortalecer el actuar institucional contra la trata de personas desde una óptica de igualdad y derechos humanos.
A las pocas víctimas que son rescatadas o se atreven a denunciar no se les brinda un ambiente de confianza, protección y confort como lo dicta la legislación nacional e internacional. Todo lo contrario: hay un manto de total impunidad donde se coludan redes de complicidades y corrupción en los tres ámbitos de gobierno.
Así como la legislación es letra muerta, los protocolos de atención e identificación a víctimas de trata en territorio mexicano también lo son. El personal que pudiera llevar a cabo esta tarea no está capacitado para hacerlo y carece de la sensibilización para tal fin.
Testimonios hay muchos, y este delito se oculta detrás de otros como los feminicidios, el secuestro o las desapariciones forzadas. La trata y el tráfico de personas afecta principalmente a niñas y mujeres, pero en las calles de la Ciudad de México y en todos los estados hay ancianos y niños siendo explotados en la modalidad de mendicidad forzada.
Urgen campañas de sensibilización a nivel masivo. Tenemos una cifra negra de niñas, niños y adolescentes siendo víctimas de pornografía infantil, quienes son enganchados a través de las redes sociales o simplemente por algún familiar o conocido.
Por todo lo anterior, mientras los gobiernos de las grandes naciones no permitan y aseguren una migración segura, ordenada y regular, el crimen organizado está obteniendo grandes recursos, aprovechando esta debilidad o apatía institucional para captar a jóvenes mexicanos o extranjeros como objetos sexuales, sicarios o esclavos en laboratorios o en plantíos de estupefacientes, mientras sus madres los buscan de forma desesperada.
