El agua, ese recurso vital para la vida, también sufre de estrés. A este fenómeno se le conoce como estrés hídrico, y ocurre cuando la demanda de agua supera la oferta disponible en una región determinada, afectando gravemente a los ecosistemas, la agricultura, la industria y las actividades cotidianas de la población. Esta crisis es global y se ha agravado con el paso del tiempo, impulsada por múltiples factores: el cambio climático, la sobreexplotación de fuentes hídricas —resultado del crecimiento poblacional y la expansión urbana—, y la contaminación del recurso hídrico.
La ONU estima que, en este año -2025-, dos tercios de la población mundial se verá afectada por este problema. En muchas regiones, la escasez ya genera conflictos sociales que llegan incluso a la violencia por el control y obtención del agua. En México, este panorama ha dado lugar a prácticas ilegales como el “huachicol hídrico”, es decir, el acaparamiento y venta clandestina de agua ante la creciente demanda. Un ejemplo claro se encuentra en Valle de Bravo, Estado de México, donde desde hace años se comercializa ilegalmente el recurso, sin que las autoridades tomen medidas eficaces. La corrupción e impunidad siguen siendo la norma.
Para mitigar los efectos del estrés hídrico —más allá de rogar a los dioses por lluvias sin el acompañamiento de grandes catástrofes— es imprescindible una gestión eficiente del agua. No basta con tener grandes volúmenes almacenados; es necesario transportarla con calidad adecuada desde su fuente hasta el punto de consumo y evacuar los excedentes de forma responsable. Esto exige estrategias sustentables de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución, así como un uso racional en todas las actividades humanas. También implica proteger las fuentes hídricas y gestionar correctamente las aguas residuales.
Los gobiernos deben diseñar e implementar planes de manejo sustentable del agua. Tener presas al límite y otras fuentes de abastecimiento llenas no sirve si no se cuenta con la infraestructura y planificación adecuadas para distribuir el recurso.
Con referencia a la situación que priva en México, el panorama es preocupante: según el World Resources Institute (2023), el país ocupa el lugar 26 entre los 30 países con mayor estrés hídrico, enfrentando un riesgo alto para satisfacer la demanda. Por su parte, la CONAGUA alertó en mayo de este año, que 97 de las 210 presas del país estaban al 50% de su capacidad, debido a una sequía que afecta al 49% del territorio. Se prevé que ni siquiera la temporada de ciclones será suficiente para recargar los mantos acuíferos, lo que agravará la situación durante el estiaje.
Frente a esta realidad, urge un plan de manejo hídrico a largo plazo, de al menos 20 a 50 años, para evitar el colapso. Es alarmante pensar cómo se abastecerá de agua a las zonas urbanas —donde vive el 80% de la población— en los próximos cinco años. Tan solo en las cinco principales ciudades del país reside el 17% de los mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al inicio de su mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Nacional Hídrico (PNH) 2024-2030, una estrategia integral para el manejo sustentable del recurso y cuyo objetivo sería el de atenuar la crisis hídrica que vive el país y padecen sus habitantes. El plan contempla una inversión total de 164.4 mil millones de pesos durante el sexenio. Sin embargo, la realidad presupuestaria y las prioridades financieras del actual gobierno generan dudas sobre su viabilidad. Un análisis de BBVA indica que la inversión pública en agua ha disminuido un 44% en términos reales entre 2012 y 2025. Tan solo de 2024 a 2025, se proyecta una caída del 21%, lo que hace difícil pensar que la situación mejore sustancialmente. Además, hace falta un plan rector hídrico a 50 años, que permita encadenar las acciones de cada sexenio y lograr una transformación profunda en la gestión del recurso.
En enero de 2025, la presidenta Sheinbaum también presentó el Plan México 2025-2030, con la intención de posicionar al país entre las diez principales economías del mundo. Este programa incluye iniciativas para mejorar la gestión del agua y su infraestructura, con objeto de asegurar que el agua sea accesible en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano, lo que lo convierte en un complemento del PNH. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado la inversión destinada específicamente al componente hídrico, causando cierta incertidumbre e incredulidad acerca de si se contará con los fondos suficientes para cumplir ambos planes. Se espera que estos recursos sean independientes del PNH, para evitar duplicidades y déficits.
De lograrse las metas del PNH y del Plan México en materia de agua, el Estado estaría en mejor posición de cumplir con lo que establece la Constitución: “Toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, siendo el Estado mexicano el responsable de garantizar este derecho mediante una gestión adecuada”.
No obstante, la infraestructura por sí sola no basta. Se requiere además de invertir en infraestructura hídrica, del manejo sustentable del agua, del establecimiento y actualización de las políticas y normas que permitan su manejo eficiente y ordenado para resolver los problemas adicionales que se presentan en su gestión: como saneamiento urbano y alcantarillado, contaminación diversa, tarifas justas, concesiones responsables, regulación del consumo en los sectores doméstico, agrícola e industrial, entre otros.
En ciudades como Beijing, en China, el consumo per cápita es menor a 170 litros diarios; en contraste, en la Ciudad de México se alcanzan los 360 litros diarios. Esto hace evidente que se necesita un cambio en la administración del recurso. El gobierno mexicano en sus tres niveles debe administrar, fiscalizar y gestionar los recursos hídricos eficientemente.
Para ello, es indispensable voluntad política. Se debe priorizar la inversión hídrica y reforzar el marco legislativo correspondiente. El gobierno no puede quedarse en el discurso: debe traducir los planes e iniciativas en acciones concretas y dotarlas de los recursos financieros necesarios. De lo contrario, cada día que pasa, nos acerca más al temido “Día Cero” (día en que una ciudad o lugar se queda sin agua potable debido a la escasez extrema de los recursos hídricos).
Sin duda, las temporadas de lluvia podrán mejorar los niveles de agua de las fuentes de abastecimiento, pero podrá quedarse ahí el preciado líquido, si no existe la disponibilidad de recursos monetarios suficientes para su manejo adecuado y sustentable. En otras palabras, el pueblo mexicano, de no dar las autoridades gubernamentales la importancia debida al problema hídrico y dejar de ser un gobierno de discursos, será: UN PUEBLO CON AGUA, PERO SEDIENTO.
