Uno de los debates más desarrollados en la Ciencia Política es el relativo a la calidad de la democracia: ¿Qué características son deseables en un sistema vigoroso? La reflexión no es ociosa. En casi todo el mundo los indicadores que miden la satisfacción con la democracia han caído. Recientemente, la Corporación Latinobarómetro dio a conocer su Informe 2018 con resultados preocupantes para la región; por ejemplo, una clara mayoría -el 80% de los encuestados- piensan que sus países no están progresando. En el caso de México, ese porcentaje alcanza el 86%.
La insatisfacción con el rumbo de los países se refleja en una disminución del apoyo a la democracia de 5 puntos, que pasa de 53% en 2017, a 48% este año. Si la cifra regional es baja, la nacional lo es aún más: 38%.
El bajo apoyo a la democracia en México debería motivar cambios institucionales para incrementar el interés y la participación de una franja mayor de la población en estos procesos.
En otras latitudes se han introducido medidas de democracia directa, como el plebiscito o la consulta popular. No es un debate nuevo; como decía antes, tiene décadas desarrollándose. Y las opciones, como casi todo en materia política, son diversas.
En algunos países, las consultas son frecuentes, como en Suiza; cuyo complejo sistema político responde a la intención de mantener e incrementar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
En México, sin embargo, con una tradición política vertical, no estamos acostumbrados a estos mecanismos. Apenas en 2014, se incluyó en el artículo 35 de nuestra Constitución la realización de consultas populares con carácter vinculatorio para las autoridades. Sin embargo, el proceso para realizarlas es muy complejo. Por ejemplo, sólo se pueden realizar cada 3 años y requieren la aprobación de dos Poderes de la Unión, en caso de provenir de la ciudadanía.
En este contexto, es positivo que se realicen consultas ciudadanas y que éstas formen parte del repertorio de instrumentos de participación política. Que los mexicanos y mexicanas acudan a las urnas para dar su opinión sobre temas de relevancia es positivo y ampliaría la noción de democracia que se ha mantenido limitada a la emisión del voto; aunque, no está de más reiterarlo, éste sigue siendo el instrumento privilegiado para influir en la configuración del poder político.
Sin embargo, creo que el dilema no se encuentra en la realización de consultas. Nadie podría oponerse a ello. El debate se encuentra en la forma en la que se organizan. En lo que aportan a la construcción de ciudadanía.
Me explico. Es muy positivo que se quiten algunas de las condiciones que actualmente complican su ejercicio y que, hasta el momento, no han propiciado que se realice ninguna. Pero, es indispensable que la implementación de esta estrategia brinde certezas a toda la sociedad y sea adoptada con la confianza de que será una expresión genuina de ella.
Recordemos que el complejo sistema electoral mexicano responde a un contexto de desconfianza. La gran cantidad de candados que tiene la legislación fueron añadidos para evitar los fraudes; por ejemplo, las boletas electorales se imprimen en papel seguridad y se entregan foliadas para evitar el uso de boletas falsas. Este tipo de medidas especiales nos parecen normales; pero no lo son. Es decir, no las practican en la mayoría de los países. Y como ésta, hay muchas más.
Generar credibilidad en las elecciones mexicanas ha sido un proceso lento, que debe ser cuidado. Por eso, es muy importante que la reforma que se proponen realizar los legisladores de Morena a la Ley Federal de Consulta Popular mantenga mecanismos para garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
De lo contrario, se desacreditará la posibilidad de utilizar las consultas como un mecanismo para incentivar el interés de la ciudadanía en los temas públicos.
En mi opinión, las consultas no resolverán los problemas democráticos ni sustituirán a la democracia representativa. Pero abren una oportunidad, si se realizan con responsabilidad institucional, para disminuir la brecha entre los tomadores de decisiones y el ciudadano promedio; para involucrar a la mayoría en la res-publica.
Consultar o no consultar, no es la cuestión; sino, cómo se consulta.
