HACIA UN NUEVO ESQUEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO

 

I.   Introducción.

Durante mi desempeño profesional he tenido la oportunidad y el privilegio de ocupar posiciones de alta dirección en las principales instituciones de seguridad social de nuestro país, el IMSS y el ISSSTE.   En días recientes se dio a conocer la renuncia del Lic. Germán Martínez Cazares a la Dirección General del IMSS.  En el contenido de su renuncia el Lic. Germán Martínez refiere que se requiere una profunda reforma al IMSS y que esta es impostergable ya que el IMSS es “un órgano igualador de las condiciones sociales de los mexicanos, como órgano cobra cuotas a trabajadores y patrones, para dar cobertura de seguridad social a millones de mexicanos”.

Lo anterior es cierto ya que tanto el IMSS com el ISSSTE protegen y dan cobertura de seguridad social y medica al 80% de la población en México por lo que son instituciones que requieren atención del más alto nivel y una profunda reforma que les de sustentabilidad en el futuro. A continuación comparto algunos razonamientos y reflexiones que sustentan la importancia de una urgente reforma para estas dos importantes instituciones. 

II.   Importancia de una reforma de la Seguridad Social

La segu­ridad social se ha incluido como uno de los temas prioritarios en la agenda del actual Gobierno Federal por su importancia en la procuración de derechos sociales y en la cobertura de servi­cios públicos que son responsabilidad del Estado, además de tener incidencia en la calidad del empleo y en la sustentabilidad del sistema fiscal. Con los primeros esfuerzos legislativos se perfilan soluciones necesarias a deficien­cias puntuales de la seguridad social, pero es importante que con ello se abra la posibilidad de establecer una estrategia más amplia que permita construir, en el largo plazo, el sistema de seguridad social universal que se necesita en México. Para alcanzar este obje­tivo, conviene tomar decisiones y cambios de política pública que tengan en cuenta los estu­dios recientes sobre la problemática actual de la seguridad social y las diversas propuestas de política que se han discutido en los últimos años.

Aunque los esfuerzos gubernamentales de las últimas décadas han intentado subsanar parte de las deficiencias del sistema de seguridad social, sigue pendiente una reforma profunda, progre­siva presupuestalmente y gradual en la definición y en el alcance de los objetivos, que logre corregir las limitaciones actuales y garantizar la satisfac­ción de los derechos sociales de los mexicanos en el largo plazo.

Una reforma estructural del sistema de segu­ridad social puede representar una de las deci­siones más importantes de la política púbica para incidir en la desigualdad, la pobreza, la salud, la informalidad laboral y el desarrollo económico, si se instrumentan estrategias articuladas con las políticas fiscal, laboral y de salud pública; esto permitiría asegurar la arquitectura del Estado de bienestar que se requiere en el país.

Por ello, sería indispensable la articulación de reformas y políticas públicas de distinto orden, que ayuden a elevar la eficacia de las medidas. La reforma profunda del sistema de seguridad social implicaría de facto una trans­formación del sistema de salud pública, debido a su vinculación institucional y a la necesidad de otorgar servicios básicos de salud de manera universal[1].

La incorporación gradual de un mayor número de beneficiarios de la seguridad social supondría también el rediseño de los regímenes de aseguramiento y la adopción de políticas laborales y fiscales que fortalezcan las tareas de inspección y fiscalización, que ayuden a reducir la informalidad del empleo. La expansión de la cobertura y de las prestaciones y servicios públicos tendría un impacto presupuestal impor­tante, que requeriría una reforma al sistema fiscal para garantizar las fuentes de financiamiento, la eficiencia en el gasto social y las condiciones de crecimiento económico que favorezcan la susten­tabilidad del sistema. En definitiva, la reforma a la seguridad social implica la acción coordinada del Estado en distintos ámbitos.

III.   Recomendaciones para un proceso de transformación

Un proceso de trasformación como el que requieren el IMSS y el ISSSTE adquiere una dimensión y una complejidad significativas, con desafíos legales, institucio­nales y financieros difíciles de resolver en poco tiempo; por lo que es pertinente implementar, en el corto plazo, las medidas estratégicas que podrían inducir, en el largo plazo, una serie de cambios en todo el sistema. Es decir, conviene tomar, ahora, decisiones de política que cons­tituyan una fase de transición hacia un sistema ideal de seguridad social universal. Se trata de configurar una ruta hacia un estado deseable de desarrollo, con avances estratégicos que logren, de manera gradual, la satisfacción de los derechos sociales y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado mexicano.

Existen algunas medidas estratégicas que convendría impulsar, a continuación anotamos las más relevantes:

  1. Diseñar e implementar un paquete de prestaciones sociales con cobertura progresiva que incluya:
    • un seguro de servicios básicos de salud, con un conjunto determinado de padecimientos, estudios clínicos y medicamentos cubiertos,
    • seguros de invalidez y vida, y
    • una pensión mínima[2].

La cobertura progresiva supone la ampliación gradual de servicios y prestaciones, de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de los distintos grupos demográficos, lo que permitirá focalizar los primeros esfuerzos en las poblaciones de mayor exclusión y pobreza. Asimismo, la progresividad implica la asignación creciente de recursos públicos, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la hacienda pública.

En la imple­mentación de este paquete de medidas, convendría reforzar las estrategias de portabilidad del registro y de los fondos de los beneficiarios, y de convergencia en los servicios de las diferentes instituciones.

Con esta propuesta se configuraría un piso mínimo de protección social que permitiría avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social, que deberá alcanzarse en el largo plazo (2050), con cobertura universal y acceso efectivo, desvinculado de la condición laboral de las personas e integrado institucionalmente, homogéneo en sus prestaciones, con fuentes sustentables de financiamiento y que ofrezca los beneficios que mandata la Constitución mexicana[3].

  1. Diseñar e instrumentar un seguro de desempleo contributivo de adhesión obligatoria, con beneficios de­finidos conforme a la última remuneración y al tiempo de cotización (de 26 semanas en las últimas 52 la­boradas), con un periodo de carencia (de por lo menos una semana) y tasas de reemplazo decrecientes (no menores en un principio al 45%).

Para evitar problemas graves de sostenibilidad financiera es conveniente implementar dos modalidades de adhesión: uno obligatorio para los trabajadores subordinados, financiado de manera tripartita, y otro volunta­rio para los trabajadores independientes financiado por el Estado y el beneficiario. De manera complementa­ria, y para asegurar un ingreso mínimo por desempleo para todos los trabajadores que no se incorporan a una modalidad contributiva, convendría implementar esquemas asistenciales de subsidios.

  1. Establecer una estrategia para impulsar la mejora de la gestión del sistema institucional actual para garan­tizar el acceso efectivo y una mayor calidad en los servicios, que conduzca, en el largo plazo, a la integración institucional. La estrategia tendría como principales objetivos:
    • la creación de un registro único de beneficiarios que incluya la información de expedientes clínicos, tra­yectorias laborales, fondos y contribuciones de cada individuo.
    • la conformación de un padrón único de beneficiarios que evite la duplicidad en la identificación.
    • la instrumentación de mecanismos jurídico-administrativos que faciliten la portabilidad del registro y las prestaciones de los beneficiarios.
    • la coordinación de los esfuerzos institucionales para promover la convergencia de servicios y prestaciones.
    • la simplificación de procedimientos administrativos para la incorporación y la gestión de trámites de los beneficiarios
    • la adquisición de tecnologías y equipo que eleve la eficiencia en la atención médica y administrativa.
    • la contratación y capacitación de recursos humanos
    • la adopción de mecanismos de acreditación y certificación de las unidades de servicios de salud y de la gestión de prestaciones
    • la planeación estratégica en el diseño de las políticas de salud y seguridad social que defina metas de mediano y largo plazo y reafirme la rectoría del Estado.
    • la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PBR) para elevar la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos asignados al sector.
    • el fortalecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para la corrección oportuna de inefi­ciencias y la reasignación de recursos
    • la implementación de campañas de comunicación social sobre la importancia de la prevención en la salud y la previsión económica basada en el ahorro, la contribución y la solidaridad

El objetivo de largo plazo, de las decisiones de política que se proponen, es construir un sistema de seguridad social con cobertura para toda la población, que integre los diversos subsistemas e instituciones actuales, que garantice el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud y las prestaciones sociales.[4]

IV.   Conclusiones

La intención de alcanzar la atención de la salud y la seguridad social universales ha sido expre­sada en distintos estudios y propuestas de insti­tuciones y especialistas.

En la mayoría de las posturas se establece la impor­tancia de una estructura de financiamiento público que sea sustentable, la reorganización de los sectores de salud y de seguridad social y la determinación de un piso básico de protección social, entre otras características relevantes.

El IMSS y el ISSSTE como los conocemos actualmente tienen que cambiar y modernizarse para afrontar los retos del siglo XXI en beneficio de todos los mexicanos.

[1]Martinez, J. y G.Cabestany.  “Como avanzar en la transformación de la seguridad social en México” Aportes al Debate Parlamentario No. 10, Edit. Instituto Belisario Domínguez, Dirección General de Investigación Estratégica, Senado de la República, México 2018. p. 4
[2] Martinez, J. y G.Cabestany.  “Como avanzar en la transformación de la seguridad social en México”  Aportes al Debate Parlamentario No. 10, Op. Cit.  p. 9.
[3] IBID.  Martinez, J. y G.Cabestany.  “Como avanzar en la transformación de la seguridad social en México”  Aportes al Debate Parlamentario No. 10,  p. 11.
[4] IBIDEM. p. 14.

 

Retaguardia Legislativa

por José Enrique Vallarta Rodríguez

Obtuvo el grado de Doctor en Derecho por la UNAM. ...