¿Por qué incluir el tema migratorio en un debate presidencial? ¿Por qué plantear políticas y decisiones sobre la migración si los mexicanos en el extranjero votan de forma muy escasa, en tanto que los extranjeros residentes en México no tienen derecho al voto activo, y los que transitan de forma indocumentada por el territorio nacional, menos? La respuesta tiene que ver con el gran interés que causa el tema migratorio en un país donde uno de cada tres mexicanos cuenta con un familiar viviendo en los Estados Unidos, de manera documentada o indocumentada. Pero no porque las comunidades de migrantes, ya sea en México o desde el extranjero, puedan influir con su voto en el decurso de la política nacional.
Tal vez por eso, en el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, dominaron mucho más otros temas, como la posición que se debe adoptar ante el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o las acusaciones pendientes sobre presunta responsabilidad de varios secuestros y otros abusos a los derechos humanos por parte de Nestora Salgado en Guerrero, antes que explorar y proponer las opciones viables y posibles para reorientar nuestra política migratoria en un sexenio que sin duda resultará clave para el futuro de la emigración mexicana.
México se ha consolidado como un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Cada una de estas variantes migratorias requiere de políticas y acciones específicas, que deben estar enmarcadas en la Ley de Migración y en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que son la base de la nueva legislación mexicana en materia migratoria, en pleno vigor desde diciembre de 2012, coincidente con el inicio del actual sexenio. En el debate presidencial, ninguno de los contendientes demostró tener un conocimiento, al menos básico, de la legislación migratoria, ni de las políticas y acciones que se desprenden de la misma. Su desconocimiento de este tema los llevó, por ello, a plantear lugares comunes o tesis que eran válidas antes de adoptarse la nueva legislación, pero ya no lo son más. Ahora el panorama jurídico en materia migratoria ha virado en 180 grados, y requiere por ello de una política específica que en buena medida debe decidir el Poder Ejecutivo que emerja de las elecciones de julio de este año.
En México existe ahora un nuevo sistema migratorio, en el cual han desaparecido las anteriores Formas Migratorias conocidas como FM1, FM2 o FM3. El desconocimiento de este hecho llega hasta algunos juzgados del Registro Civil, así como empleadores y algunas universidades, que siguen solicitando a los extranjeros residentes en México su FM3. Lo que existe ahora son las Tarjetas de Residente Temporal (TRT), con o sin permiso de trabajo, o Tarjetas de Residente Permanente (TRP). Asimismo, en los estados de la Frontera Sur de México, se otorgan las Tarjetas de Visitante Local (TVT) y las Tarjetas de Trabajador Fronterizo (TTF). Éstas últimas, para guatemaltecos y beliceños que trabajen en México, en cualquier sector de la economía, en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.
Desde luego, los debatientes mostraron que desconocen este nuevo esquema de la política migratoria de México en el siglo XXI, y sólo repitieron el viejo cliché de que en la Frontera Sur los migrantes extranjeros viven una situación similar a la que padecen los mexicanos indocumentados en los Estados Unidos. Definitivamente, ya no es estrictamente así para miles de guatemaltecos que ahora pueden trabajar, visitar, comerciar, e incluso estudiar en los estados fronterizos, de manera plenamente autorizada y documentada. Lo que debieron enfatizar los debatientes es que ese trato es el que esperaríamos por parte de Estados Unidos a los mexicanos que viven, trabajan y aportan su valioso esfuerzo en ese país. Es decir, debieron destacar el ejemplo que la nueva política migratoria mexicana puede dar ahora, cuando antes era una vergüenza efectivamente, la incongruencia de nuestros reclamos a Estados Unidos en materia migratoria con la legislación y las prácticas anti-inmigratorias a los trabajadores y visitantes guatemaltecos y otros centroamericanos en nuestra Frontera Sur.
Por si fuera poco, la Ley de Migración incluye un mecanismo permanente de regularización migratoria, para todo extranjero que se encuentre de forma irregular en México y cuente con oferta de empleo, tenga vínculo demostrable con mexicana, mexicano o residente temporal o permanente, o por causas humanitarias. Es decir que en México ya se reconocen, por ley, los derechos adquiridos de los extranjeros que viven de forma irregular, cosa que no hace ni por asomo la legislación estadounidense en la materia. Tan es así, que a los llamados “Dreamers”, que llegaron siendo infantes a vivir de forma indocumentada en Estados Unidos, y que tienen un alto grado de asimilación social, lingüística y cultural en esa sociedad desde hace muchos años, siguen sin reconocerles sus derechos adquiridos y a lo más que se ha llegado es a la decisión de diferir su deportación por medio del programa DACA (Acción Diferida de Deportación para quienes llegaron a Estados Unidos siendo niños, por sus siglas en inglés). Pero aún queda un largo trecho por recorrer para que haya una legislación que les permita quedarse legalmente en Estados Unidos, pues los legisladores de ese país no se han puesto de acuerdo para permitir la regularización migratoria de 1.8 millones de mexicanos que están atrapados en esa situación de ser méxico-americanos en la práctica, pero indocumentados sujetos de deportación a los ojos de la ley estadounidense. Es decir, en EU siguen entrampados con la regularización migratoria, cuando en México ya se otorga por ley, de forma permanente. Esto tampoco lo señalaron los participantes en el segundo debate.
Eso sí, se plantearon algunas propuestas aparentemente sesudas, pero engañabobos en realidad. Por ejemplo, cambiar la sede del Instituto Nacional de Migración (INM) a Tijuana con el fin de alejar el control migratorio de la Frontera Sur de México, es una propuesta que no tiene pies ni cabeza. En primer lugar, porque ya existe una Delegación Regional del INM en Tijuana, y en segundo lugar, porque el INM documenta y revisa la documentación de más de 25 millones de extranjeros que llegan, cada año, de todas partes del mundo como visitantes internacionales a México. ¿En qué cabeza cabe trasladar a la sede del INM a Tijuana? ¿Desde ahí va a realizar sus atribuciones establecidas en la Ley de Migración y otras disposiciones legales?
La otra propuesta de hacer de los consulados de México en EU oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), es redundante, pues los consulados ya realizan la defensa de los derechos de los mexicanos, al amparo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Justo por ello México tiene 50 consulados en Estados Unidos, para mejor proveer la protección de los derechos de nuestros connacionales en la Unión Americana. Por otra parte, el proponente ignora que la PGR realiza una labor de fiscal, es decir es la parte acusadora, no la defensora, en un juicio penal. En todo caso, debió decir que los consulados funcionarán como Oficinas del Instituto Nacional de la Defensoría Pública, no de la PGR. En el fondo, no dejan de ser meras ocurrencias en aras de atraer buena prensa y buena voluntad a una candidatura presidencial, pero sin dedicar la seriedad debida que merece la complejidad del tema migratorio en México.