PARIDAD

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, apenas una de cada diez jefes de Estado o de gobierno es mujer. Ellas integran, en promedio, un cuarto de las legislaturas de los países democráticos. Y aunque su presencia se ha incrementado en América Latina -la región que más avances ha logrado-, aún falta un buen trecho para lograr la paridad.

Esto es injusto. La inequidad de género es, también, una barrera para el desarrollo, como lo han demostrado estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

La participación de las mujeres se traduce en buenos resultados. Las investigaciones de ONU Mujeres muestran que el liderazgo de mujeres entrega buenas cuentas en los gobiernos y en las empresas.

Y pese a ello, las mujeres están subrepresentadas y los estudios demuestran que ello no se debe a su falta de capacidad o de eficiencia, entonces ¿qué debe hacer el Estado para reducir esas disparidades?

Existen dos posturas, clásicas:

Aquéllos que piensan que la evolución de la sociedad por sí misma corregirá las desigualdades y, por lo tanto, el Estado no debe intervenir, ni con legislación ni con medidas afirmativas. Esta postura, aunque no se admita con toda claridad, es compartida por la mayor parte de los políticos y líderes de opinión de nuestro país. Incluso muchas mujeres argumentan: “podemos solas”, y critican, por ejemplo, el uso de las cuotas, como si se tratara de un problema de capacidad para el trabajo.
La otra postura, la cual comparto, es la que defiende la participación del Estado para corregir esta enorme desigualdad, a través de la legislación, de acciones de discriminación positiva, así como de campañas de educación que promuevan los valores de la igualdad, entre otras medidas.

Este debate lleva más de un siglo. Afortunadamente, a esta distancia, existen datos concretos que dan cuenta de los resultados de cada postura:

Hasta principios del siglo XXI, Francia había dejado a la evolución social natural la corrección de las desigualdades de género. Los políticos se resistían a implementar acciones de Estado para corregir las desigualdades. Como resultado, ese país ocupaba, a finales del siglo pasado, los últimos lugares de la Unión Europea respecto al número de mujeres integrantes del gobierno o del Parlamento. Tuvieron que cambiar esa postura en el año 2000 con la publicación de la Ley tendiente a favorecer el acceso equitativo de las mujeres a los mandatos electorales y funciones electivas. Y sus resultados han variado notablemente.
Por otro lado, Suecia y los países nórdicos son los más adelantados en materia de equidad. Esos países asumieron como política de Estado la promoción de la igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres desde los años setenta. La política de equidad de género en Suecia se propuso generar un amplio consenso social, y no limitarse a las esferas políticas. El mayor énfasis lo pusieron en la educación, en la concientización progresiva y generalizada sobre la necesidad de contar con una distribución más equitativa del poder entre hombres y mujeres. Los países nórdicos cuestionaron y decidieron cambiar la llamada Estructura de Poder en Función del Sexo que prevalece en la mayor parte de las sociedades, y que otorga a los hombres poder en el ámbito público y a las mujeres las recluye al ámbito privado.
Los puntos centrales de su estrategia consideraron las siguientes acciones:
Repartir equitativamente el poder y la influencia política. Es decir, asumieron el principio de paridad.
Generar oportunidades de independencia económica para mujeres y para hombres.
Promover condiciones y posibilidades de desarrollo en los ámbitos empresarial y laboral, incluyendo incentivos para la promoción profesional de las mujeres.
Promover igualdad de acceso a la educación y formación, con las mismas posibilidades de desarrollar sus aspiraciones, intereses y talentos personales.
Promover la responsabilidad compartida en el hogar y en la educación de los hijos.
Erradicar la violencia de género.

Cuando las cuotas electorales no garantizaban una repartición equitativa del poder, el primer ministro sueco impulsó el principio de paridad absoluta en la integración del gobierno. Desde 1994, el Ejecutivo se compone con los mismos porcentajes de mujeres y hombres.

En México, el principio de paridad se aprobó constitucionalmente en 2014 y desde entonces, el Estado está obligado a promover a tantas mujeres como a hombres en espacios de toma de decisiones. No es una concesión para las mujeres, es el reconocimiento de que no hay democracia sin nosotras y que tenemos tanto qué aportar como los hombres. Porque la lucha por la igualdad es la lucha por la justicia. Felicito a las consejeras y consejeros del INE que aprobaron criterios para garantizar la postulación igualitaria a gubernaturas de los estados.