Es un derecho de todas las personas “el disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, según lo ha establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconociendo que este líquido es esencial para la garantía de todos los derechos humanos. Definiendo como suficiente, la cantidad de 50 a 100 litros diarios por persona para cubrir las necesidades más básicas. Lo salubre, radica en que su consumo no debe ser una amenaza para la salud de la gente; aceptable en el sentido de no presentar características inapropiadas como mal olor y sabor, así como contar con instalaciones y servicios adecuados para cada uso. El organismo señala que el líquido, los servicios e instalaciones de acceso al agua, deben ser alcanzables para todos los humanos, por lo que su costo no debe ser mayor al 3% de los ingresos del hogar (Consejo de los Derechos Humanos, ONU, Septiembre 28 de 2011).
Sin duda, es un derecho innegable de las personas, pero pasar del papel a la práctica, es un reto enorme para cualquier gobierno debido a una diversidad de factores que incluye el crecimiento y distribución de la población, las fuentes de abastecimiento, la infraestructura, inversiones, la contaminación y así, pudiéramos seguir mencionando muchas otras que no son menos importantes, como es el establecimiento de marcos jurídicos que permitan el correcto funcionamiento y suministro del agua para garantizar, como mínimo, lo establecido por la ONU.
Al igual que muchos países en el mundo, México ha venido trabajando en diversos ámbitos con el objeto de cumplir con dicho precepto, sin embargo, todavía enfrenta muchos problemas: hay alrededor de 11 millones de mexicanos que no cuentan con agua potable y, para los que contamos con dicho servicio, éste se vuelve cada vez más deficiente y costoso; los desperdicios son enormes, solo por fugas en tuberías se pierde alrededor del 40% del líquido; y cuotas excesivas aún sin tener el servicio. Aunado a ello, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de cuerpos de agua y los efectos del cambio climático, colocan al país en un punto crítico que cada día sube de tono, presentando, de manera reciente y en diversos sitios de la República, conflictos sociales por el derecho al agua.
Lo anterior, es un reflejo de que no se han tomado medidas, realmente adecuadas para ir abatiendo el problema y lo que lo rodea. El que ya se estén presentando luchas sociales por la propiedad del agua, requiere de acciones inmediatas para evitar el desbordamiento de la violencia entre las comunidades y controlar que, si no resolver, esta grave situación. Ya no basta con solo garantizar en la Constitución el derecho de los mexicanos al agua; el tener magníficas normas de un líquido cada vez más escaso, de ceder la responsabilidad del servicio a terceros o contar con redes de suministro vacías; esto no lleva agua a nuestros hogares. Es imperante pasar a la acción, analizar a fondo y de manera integral la problemática, para tomar las medidas pertinentes y mejorar el servicio de entrega de este recurso natural. Alrededor del 80% del agua que existe en el país, se usa para actividades agropecuarias con un alto grado de desperdicio y contaminación, estando exento de pago por derechos. Seguramente, como lo está pensando querido lector, el problema principal está en el campo y, por ello, hace falta fortalecer una cultura del ahorro y cuidado del agua con la población perteneciente a ese sector, apoyado e incentivando el uso de nuevas tecnologías y, si este recurso se emplea en actividades con fines económicos, justo sería un pago por el derecho al bien ¿no cree? Si 8 de cada 10 litros de agua que existen en el país para consumo humano, son utilizados en la agricultura sin ningún cuidado, es aquí en donde deben enfocarse las baterías, ya que cualquier acción que derive en mejorar su uso, representará un cambio sustancial en el cuidado, ahorro y uso eficiente de este vital recurso para el país.
Desde luego, el espíritu transformador del futuro gobierno, ya se ha dejado sentir para resolver o aminorar este problema hídrico. Andrés Manuel López Obrador señaló, según el Heraldo de México, que son necesarios 20 mil millones de pesos para que toda la población urbana cuente con agua y 190 mil millones para la autosuficiencia de agua en el sector agroalimentario y para abasto de agua potable en todo el país. Para ello, una de las medidas planteadas es el aumento en tarifas del servicio. ¿Qué será primero, el aumento o el agua? Por otro lado, el pasado 6 de septiembre, el Senador por Morena, Martí Batres, presentó ante la Cámara Alta, una iniciativa para reformar los Artículos 1, 4, 9 y 12 y derogar el Capítulo II de la Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de garantizar por parte del Estado en sus tres niveles de gobierno, el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible a todos los gobernados y, por otro lado, al ser un derecho humano el suministro de agua potable, el servicio debe ser proporcionado únicamente por el Estado y no por particulares que buscan lucrar con la explotación, administración y comercialización del agua potable, por ello plantea suprimir el Capítulo II de dicha Ley. Puede ser considerada una excelente iniciativa, pero esta tampoco hará que llegue agua a nuestras casas. Falta la parte operativa de la propuesta ¿Estará ya estudiado todo lo que conlleva este cambio para que pueda ser una realidad?
Este último aspecto, ha sido punto de discusión no solo en México, sino en el mundo. ¿Hasta qué punto es conveniente que el sector privado participe en el logro de este derecho humano al agua? Hay casos de éxito como el de la ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde de forma mancomunada, gobierno y sector privado, proporcionan un servicio de calidad a la población. En cambio, en Puebla, dicha participación privada ha resultado un desastre. Pareciera que la propuesta del Senador Batres de eliminar la participación privada para acabar con la corrupción y voracidad de lucro, es, en esencia, atinada. Sin embargo, para que el Estado asuma esta responsabilidad total de forma eficiente, se requiere, entre otras cosas, de fondos monetarios suficientes y duraderos para solventar todos los problemas y retos que origina dotar de agua potable a toda la población del país. ¿Por qué no, al igual que se ha plateado la participación de capital privado, nacional y extranjero, en el Tren Maya, las nuevas Refinerías, el aeropuerto de la Ciudad de México, se permite a los particulares colaborar con el suministro de agua potable, buscando tener el financiamiento y operación adecuada de dicho servicio? Dadas las condiciones del país, debe permitirse una vinculación con el sector privado para avanzar en el cumplimiento de este derecho humano en el menor tiempo posible. Como lo comentó el Sr. Leo Heller, relator de la ONU para este tema, en su visita a México en mayo del año pasado: “Lo que me preocupa sobre todo son las concesiones a actores privados con regulaciones muy débiles. La privatización de los servicios de agua, en un marco regulatorio casi inexistente como el mexicano, afectaría en primer lugar a los más pobres”, por tanto, ¿qué se necesita?, un marco jurídico adecuado para la participación privada de forma clara y correcta, sin que el Estado pierda el derecho de propiedad y uso del recurso. De lo contrario y, de aprobarse la iniciativa propuesta, el panorama no se antoja alentador.
El gobierno entrante tendrá un gran reto a vencer en este tema, hasta ahora, no se conocen proyectos concretos para enfrentar esta gran problemática, salvo la de modificar documentos, designar funcionarios o elevar cuotas. Sería de esperarse que, el espíritu transformador que identifica a esta nueva administración, nos dote de más y mejor agua para nuestros hogares, en forma justa y comience a dejar de ser solo un sueño. Hasta la próxima.
