En la Ciencia Política, la dictadura siempre ha tenido un lugar predominante como tipo de gobierno en el cual un líder aplica su voluntad revestida de legalidad, usualmente mediante decretos, edictos o alguna otra denominación similar para dar la apariencia de sustento jurídico a los designios del gobernante. Desde antiguo, Aristóteles había considerado a la monarquía como el gobierno virtuoso en donde sólo uno manda, mientras que atribuyó el término “autarquía” al tipo vicioso del mismo régimen, solamente que con fines e intereses muy poco cercanos a los gobernantes y, por tanto, tiránico en su esencia y en su ejercicio. Por otra parte, la escuela marxista consideró que la praxis revolucionaria exige el uso de la violencia en contra de la burguesía, con el fin de retirarle sus privilegios y, sobre todo, la propiedad de los medios de producción, con el propósito de dar el paso definitivo al Socialismo desde la explotación capitalista. Para ello, resulta indispensable que el proletariado se haga del poder político, por la vía revolucionaria, e inicie una era que fue definida como la “dictadura del proletariado”, es decir la instauración de un régimen necesariamente dictatorial ante la enormidad de los cambios que se deben realizar para garantizar la propiedad social de los medios de producción, mediante el Estado socialista, para después pasar al utópico modo de producción comunista en el cual no existiría Estado ni mecanismos de explotación, ni clases sociales.
Asimismo, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán defendió el gobierno de un soberano, ante el caos que genera el Estado de naturaleza, donde “el hombre es el lobo del hombre”, pues dejado a la libre acción de los habitantes de un reino, el abuso de poder estaría en manos de cualquier persona lo que llevaría a un estado de anarquía en donde solo predomina el más fuerte, o el más astuto. En esas circunstancias, las leyes las harían los hombres poderosos en su propio entorno, quienes podrían robar, matar, torturar u oprimir al resto, en forma totalmente arbitraria, de tal manera que “no habría comercio, artes, industria ni navegación… y la vida del hombre sería desagradable, brutal y corta.” (El Leviatán, cap. 13) Por ello, concluyó Hobbes, es mejor que exista un solo soberano, al cual el resto de los hombres le estarían depositando parte de su propia soberanía, y aceptarían así su autoridad, pues la alternativa sería la anarquía que produce la ausencia de toda ley. Y si el gobernante resultante de este arreglo resulta sabio y bondadoso, ¡excelente!… Pero si resulta un tirano, en opinión de Hobbes, aún así tendríamos una situación mejor a la descrita previamente como Estado de naturaleza anárquico e ingobernable por definición.
Finalmente, el gran teórico de la dictadura moderna, Carl Schmitt, considera que la única forma de lograr grandes cambios sociales es por medio de la dictadura, que permite al líder evitar tediosas e infructíferas discusiones con Parlamentos, Congresos, Partidos, dirigentes, representantes de intereses diversos, y desde luego, con la opinión pública, para imponer el curso de acción que considere más pertinente. Tal líder tendría, según Schmidt, la posibilidad de actuar rápidamente ante las amenazas internas o externas que enfrenta una sociedad, lo que de hecho refleja el tipo de liderazgo que surge cuando hay una amenaza de guerra por parte de las naciones. Con ello, se eliminan los contrapesos que pudiera enfrentar el dictador, y le daría amplio margen de maniobra para conducir a la sociedad, como si se tratara del capitán de un barco que surca aguas muy turbulentas y no puede darse el lujo de perder el tiempo de discusiones o insubordinaciones, ante el riesgo inminente de zozobrar. Además, agrega Schmitt que poco importa si se trata de una Dictadura del Proletariado, con tal de que el líder tenga una amplia capacidad para imponer su voluntad a la masa gobernada. Por tanto, da lo mismo que sea una dictadura de izquierda o de derecha, Schmidt avala tal forma de gobierno y la aprecia por su eficacia y pronta capacidad de respuesta ante los eventos internacionales o los riesgos internos de un país.
Con todo, en algunos periodos históricos, se ha hablado de la “Dictablanda” para referirse a regímenes que no llegan a presentar rasgos extremos de tiranía, ya sea por el paternalismo aparente de los líderes que lo enarbolan, o porque acceden al poder después de un gobierno que concentró el poder en forma excesiva. Ese fue el caso del gobierno de Alfonso XIII en España, luego de la dictadura clara y manifiesta de Antonio Primo de Verdad, en los años 30 del siglo pasado. Es decir, ante un régimen un poco menos opresor que el anterior, que se consideró abiertamente como una “Dictadura”, el pueblo español consideró que ahora estaban en una “Dictablanda”, o “dictadura blanda”. Por extensión tal término ha sido aplicado, con ánimo jocoso desde luego, pero también con cierta pretensión de mayor precisión en la tipología de los regímenes políticos, para referirse a gobiernos que, sin ser dictaduras del todo, mucho se acercan o se alejan de dicha circunstancia política.
La revisión histórica y conceptual del término “Dictablanda” se justifica porque bien podría comenzar a aplicarse al actual gobierno de México, y la pretensión del Ejecutivo de gobernar, ya no por decreto, como lo haría cualquier dictador en cualquier latitud del mundo, sino por memorandos. Un memorando usualmente se refiere a una instrucción o notificación que hace una autoridad a sus subordinados por escrito. Existe la broma muy común en la iniciativa privada, que emplea los memorandos para convocar a juntas importantes, de reprochar a quien no asistió a alguna de ellas con la frase “¿No te llegó el memorando?”. Y desde luego, la broma aparece cuando el interfecto no fue convocado a propósito a la reunión.
Pues bien, el actual gobernante de México ha tenido la ocurrencia de emitir “memorandos” que tienen un extraordinario tufo a decretos, para convocar a sus secretarios de Estado a no cumplir con disposiciones legales, plenamente aprobadas por el Congreso de la Unión y que son, por tanto, ley vigente de nuestro Estado de derecho. Así lo hizo para instruir a los encargados de ejecutar la Reforma Educativa de no hacerlo, en tanto la contrarreforma educativa es aprobada por el Congreso de la Unión; y ahora amenaza con emitir un nuevo memorando-decreto para ejecutar tajantemente disposiciones de austeridad en la Administración Pública Federal. Esto ha generado reacciones admirables en contra, como el desplegado de la Barra de Abogados de México, que hace gala del dominio experto que tiene sobre la legalidad en México, en donde no existe la figura de Gobierno por Decreto, como en algunos países de América Latina en los cuales surgieron dictadores de izquierda o de derecha, para superar a sus respectivos congresos y así gobernar sin cortapisas. En el fondo de las causas, el uso y abuso de los memorandos-decretos del actual gobernante mexicano, lo perfilan como un gobernante cercano a la dictadura, aunque mientras perduren los contrapesos constitucionales y la ausencia de gobierno por decreto, podría ser considerado como “Dictablanda”, por ahora.
