El más reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica año con año la organización Transparencia Internacional (TI), ha revelado lo que ya muchos sospechábamos: a pesar de las promesas y las supuestas medidas correctivas adoptadas por el actual gobierno, la corrupción en México sigue al mismo nivel que en los gobiernos anteriores. En efecto, el IPC para 2019 –es decir, durante el primer año de la actual administración—resultó en 29 de 100 puntos posibles, lo que supone una mejoría ínfima de una décima con respecto al IPC de 2018. Con esto, se confirma que el nivel de percepción de la corrupción en México sigue en los mismos niveles (alrededor de 30 sobre 100) que los persistentes desde los años 70 del siglo pasado, cuando se comenzó la publicación de dicho índice.
Y si bien la reacción del gobierno ha sido de festejo, al no registrarse una mayor caída del IPC (lo cual hubiera sido desastroso para una administración que dice haber erradicado la corrupción), la situación es fundamentalmente la misma que antes: una corrupción persistente a la cual no hay, por ahora, manera eficaz de combatir en nuestro país. Considérese que el IPC, como su nombre lo indica, es un índice de percepción; es decir, no representa una medida precisa del nivel de corrupción, sino solamente refleja lo que los ciudadanos entrevistados por TI creen en torno al fenómeno de la corrupción. Y dada la propaganda gubernamental en torno a las constantes declaraciones que afirman haber eliminado a la corrupción, es razonable suponer que el nivel real de actos corruptos sigue exactamente igual que el nivel histórico de México: alrededor de 3 en una escala del 1 al 10.
Si un estudiante presenta a su tutor una calificación de 2.8 en una materia en un periodo determinado, y al siguiente le presenta jubiloso una calificación de 2.9, el tutor bien puede sin duda comentar que sí hay una mejoría, pero que ésta es ínfima y prácticamente nula, pues el pupilo sigue con una calificación reprobatoria inferior a 3, incluso. Desde luego, el estudiante insistirá que 2.9 es mejor que 2.8, y tal vez señale algún factor que según él haya incidido positivamente en el resultado, por ejemplo, un cambio de maestro o de método de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, y el presidente López Obrador se han comportado exactamente como pupilos que siguen reprobados en un nivel inferior a 3, pero en su caso, incluso lo mostraron como si hubiera sido un avance sustantivo, que desde luego no lo es.
Una reacción más madura y responsable por parte de Sandoval y de López Obrador hubiera sido aceptar que el nivel de corrupción no ha mejorado sustancialmente, y poner manos a la obra para iniciar una política pública que efectivamente dé mejores resultados a lo largo de los cinco años que le restan a su mandato. Sin embargo, prefieren ocultar el inmovilismo de la supuesta lucha contra la corrupción en el inexistente avance que supuestamente refleja un IPC de 2.9 en el año 2019. Con ello, en lugar de contribuir a mejorar, es muy posible que este 2020 arroje un resultado de estancamiento, por decir lo menos, en el IPC que inevitablemente será publicado en el año siguiente.
En el fondo de las causas, el gobierno disimula el gran fracaso de su política anti corrupción, pues simplemente se ha limitado a cambiar a los funcionarios del sexenio o los sexenios anteriores, pero ha mantenido intacto el sistema que los llevó a meter mano al presupuesto, o extorsionar a los solicitantes de servicios públicos en todos los niveles de gobierno. Y esto es aún más grave en un entorno de crecimiento económico negativo, en el cual incluso se anticipa un retroceso del producto interno bruto (PIB) en las cifras corregidas y definitivas de INEGI para 2019. Con este resultado negativo en el crecimiento económico, no resulta ninguna justificación que el nivel de corrupción se perciba como igual a los sexenios pasados, pues ello tiende a mermar la legitimidad del gobierno de López Obrador frente a los votantes.
En efecto, las perspectivas económicas negativas o muy mediocres que se anticipan para 2020 y 2021 (inferiores al 1% de crecimiento según el FMI), combinadas con un persistente nivel de corrupción, como en los viejos tiempos del PRI o del PAN incluso, dañan la confianza ciudadana y las intenciones de los votantes hacia las elecciones intermedias del 2021. Esto, porque se está yendo por la borda la justificación de que “no hay crecimiento económico, pero al menos este gobierno no es corrupto”, e incluso algunos podrían argumentar o creer que es justamente porque se ha combatido a la corrupción que ha habido una reacción contraria de los grupos de interés, de tal manera que está impactando también en forma negativa, al crecimiento económico.
El IPC de 2019 claramente muestra que la corrupción continúa, lamentablemente, y el nulo o incluso negativo crecimiento económico, muestra que el gobierno actual es altamente ineficaz para cumplir con el 6% de avance del PIB, tantas veces prometido en la campaña presidencial. Malos resultados económicos junto con nulo avance en el combate a la corrupción son evidencia de que la actual administración no puede con la responsabilidad de sacar al país adelante, y si a ello se le suma el deterioro extraordinario en materia de seguridad, tendremos un cuadro de completa ineptitud que la ciudadanía tenderá a cobrar con votos contrarios en las elecciones de 2021.
