El derecho del voto para los residentes en el extranjero es un tema propio del siglo XXI en el caso de México y de algunos de los países de Centro América y el Caribe, previsto de alguna forma desde 1990 en la Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias.
En el caso mexicano este derecho fue demandado desde Estados Unidos, por los líderes de las comunidades migrantes en la década de los 90, justo en los tiempos en que diversas leyes pretendían limitar derechos a los migrantes como el de identificación, acceso a la educación, salud y servicios públicos en las llamadas Ley Simpson-Rodino o la 187 de California.
Con las modificaciones constitucionales y legales electorales correspondientes se posibilita el voto desde el extranjero, por primera vez, para las elecciones presidenciales de 2006 y posteriormente para 2012, experiencias ambas, que dejaron ver que el reto de la difusión del derecho del voto y de su instrumentación a distancia a través del registro y voto postal era más grande de lo esperado. Se logró una participación de poco más de 33,000 ciudadanos en 2006 y de 42,000 en 2012. Lo principal es que inició lo que ha sido un proyecto lleno de obstáculos y desafíos.
La reforma electoral de 2014 permitió que se pueda obtener la credencial electoral en el extranjero y se logró la mejora del modelo, realizando el registro del votante de forma electrónica. En la elección presidencial de 2018 se alcanzó la participación de 98,000 ciudadanos, sin embargo, esta cifra aún resulta menor si consideramos que para esa fecha se habían realizado cerca de 800,000 trámites de credenciales de elector en los consulados y existe un universo posible de cerca de 20 millones de electores en Estados Unidos.
El derecho de voto activo y pasivo desde el extranjero sigue siendo un tema que se tiene que revisar para posibilitar plenamente su ejercicio mediante mecanismos de votación electrónicos, educación cívica para los ciudadanos migrantes y abrir mediante acciones afirmativas administrativas, legislativas y jurisdiccionales, espacios de representación migrante en los Congresos.
Panamá es ya un ejemplo de un país que utilizó el voto electrónico para sus ciudadanos en el extranjero; El Salvador ha tenido avances importantes en el registro de votantes radicados fuera y ahora explora la posibilidad de posibilitar la elección de cargos municipales desde el extranjero; Guatemala tuvo una primera experiencia en este 2019 instalando centros de votación en algunas ciudades de Estados Unidos como lo hace República Dominicana y, sin duda, el país de la zona que en este tema va a la vanguardia es Colombia, cuyos ciudadanos en el extranjero ya tienen la costumbre de votar, están registrados en sus consulados y ahí acuden cuando son llamados a las urnas.
La población migrante de México y de los países de la zona, es una población arraigada a su país natal, a su familia, a su idioma y a sus costumbres, se han convertido en fuente de recursos económicos indispensables para sus ciudades y pueblos, por tanto, su participación política tanto en su país de origen como en el de destino no solamente es justa, sino necesaria. Es urgente poder entender e incluir en nuestras democracias a las nuevas sociedades binacionales del siglo XXI.
En la elección de 2018 existió una coincidencia en el voto mayoritario por la alternancia. A pesar de la lejanía, se comprobó que los mexicanos migrantes siguen informados de lo que acontece en México. Las cadenas principales de televisión hispana, Univisión y Telemundo, tienen programas importantes de noticias y reportajes reconocidos y escuchados por la comunidad mexicana y latina, en muchos de ellos se analizan los temas de corrupción, pobreza e inseguridad. Por tanto, no es de extrañar que los paisanos en Estados Unidos se decantaron por el presidente López Obrador a quien veían como una esperanza de cambio. Sin embargo, con 9 meses, el nuevo gobierno ha recortado programas importantes para ellos y sus familias, como ejemplos están el Programa 3 x 1 en el que por cada peso que el paisano enviaba para el desarrollo de su comunidad, el gobierno ponía tres; o las representaciones del Programa Paisano o el de Todos Somos Mexicanos, que los apoyaba en sus retornos temporales a México para que no fueran extorsionados en las carreteras, para brindarles seguridad en el viaje y orientación sobre que pueden traer al país y que no, así como el apoyo en caso de que quisieran retornar de forma definitiva al país.
Uno de los enojos de esta comunidad migrante se dio cuando se invitó al ahora presidente Trump a los Pinos siendo aun candidato, esto nunca le fue perdonado al gobierno anterior. Y ahora, no ven que el nuevo gobierno emprenda acciones claras y contundentes de defensa a la comunidad mexicana migrante ante los discursos de odio de Trump o ante las detenciones en los centros migratorios de niños y familias enteras en condiciones lamentables en Estados Unidos, algo a todas luces violatorio de los derechos humanos.
Es posible que esta incipiente decepción ante el nuevo gobierno vaya en aumento. Es preocupante que esta comunidad esté siendo desprotegida por su país de origen a pesar de ser fundamental para nuestra economía y nuestro futuro. Es por ello que su participación política es importante. Nadie más que ellos mismos podrán generar los cambios legislativos y de gobierno que merecen y que, por supuesto, necesitan.
