Desde el comienzo de los Estados, ha existido una connivencia entre las clases dirigentes y los dueños del capital y productores de recursos.
El Premio Nobel de Economía Douglas North las llama “sociedades de acceso limitado”. En este tipo de sociedades no existe la consciencia del delito. El tráfico de influencias, el abuso de poder, el soborno, el nepotismo, el enriquecimiento ilícito, entre otras formas de corrupción, son vistas como inherentes al poder.
El primer registro sobre un acto de corrupción, lo encontramos en Egipto en el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C. Peser, un antiguo funcionario del faraón denunció en un documento los turbios negocios de otro funcionario de la administración que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas, beneficiándose del pillaje. En la Grecia Antigua, encontramos dos famosos casos de desviación de fondos del Estado hacia fines privados: uno, es el del destacado orador Demóstenes, acusado en el año 324 a.C. de robar, del propio comité que dirigía, dinero confiscado a un aristócrata macedonio como prueba de un delito. El otro es el de Fidias, arquitecto del Partenón a quien se acusó de haber desviado fondos destinados a esta obra para intereses privados. Ambos negaron los cargos, en el caso de Demóstenes, la sanción fue pagar más del doble de la suma desaparecida. Al final, el destacado orador no solo no pagó el monto, sino que escapó de prisión poco tiempo después. En el Imperio Romano, era común que los altos funcionarios compraran las elecciones, por lo que Cicerón escribió, “Quienes compran la elección a un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que puedan colmar el vacío de su patrimonio”.
En el Medioevo había pactos acordados de reciprocidad, cuya legitimidad estaría en duda actualmente, como la absolución del pecado de robar a través de pagos a la Iglesia. El soborno, el abuso de poder, la extorsión, la malversación de fondos, el conflicto de intereses y la obstrucción de justicia, aunque inicuos, eran vistos y aceptados, como parte del sistema. Posteriormente, en sus memorias, Luis XIV describe claramente la visión de la época: “no hay gobernador que no cometa alguna injusticia, soldado que no viva de modo disoluto, señor de tierras que no actúe como tirano. Incluso el más honrado de los oficiales se deja corromper, incapaz de ir a contracorriente”. En los estados totalitarios, como el fascismo o el comunismo, la corrupción está implícita en el funcionamiento del Estado, aunque el tipo de favores que prevalecen no son económicos, sino de contactos con las jerarquías institucionales, para obtener un bien o servicio, agilizar un trámite, posiciones en el gobierno, vivienda o empleo.
Al independizarse de Inglaterra en 1776, los Estados Unidos declararon que todos los hombres eran iguales ante la ley, aboliendo los privilegios, creando así la primera “sociedad de acceso abierto” fundada en el mercado y la meritocracia.
Hay quienes afirman que la corrupción es un fenómeno natural e “inextirpable”, pues respeta la ley de la reciprocidad: a cada favor corresponde una dádiva. Por ejemplo, quienes apoyan a un determinado candidato en unas elecciones, al momento de ganar este, esperan recibir algo a cambio. A largo plazo la corrupción perjudica todos los sistemas, pero es en los países en desarrollo, donde su existencia y arraigo, representa el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. La corrupción también es el principal obstáculo para el buen funcionamiento de las empresas. Las prácticas corruptas distorsionan el ambiente de competencia de las empresas, disminuyendo los incentivos que estas tienen para ofrecer productos y servicios innovadores y de mayor calidad. Al generar mayores costos e incertidumbre para las empresas nacionales y trasnacionales, éstas disminuyen considerablemente su inversión y dejan de crear empleos productivos. Se estima que, por cada aumento en un punto en el Índice de Percepción de Transparencia Internacional, la productividad podría subir 2%. La corrupción, también disminuye la satisfacción de los ciudadanos con los sistemas democráticos, las personas de menores ingresos gastan desproporcionadamente más de su ingreso en sobornos que las de mayores ingresos, en México se calcula que una familia promedio gasta 14% de sus ingresos en actos de corrupción, mientras que este porcentaje alcanza hasta un 30% entre los menos favorecidos, perpetrando la trampa de la corrupción. América Latina, es una de las regiones más afectadas por la corrupción, siendo este su principal problema y lo que inhibe su crecimiento. Si combatimos la corrupción lograremos recuperar los recursos que necesitamos invertir para elevar nuestra competitividad, segundo problema de la región, y crear e invertir en políticas públicas que combatan el tercer problema, la desigualdad.
Hoy existen unas 25 o 30 naciones, que han internalizado los principios morales de las sociedades de “acceso abierto” y ajustan su comportamiento a las normas legales establecidas en los códigos. Hay quienes afirman que en México nos toca ser corruptos por inercia histórica o cultural. El reto no es encontrar personas virtuosas, sino prevenirla a través de políticas de transparencia, implantando controles para el ejercicio de recursos y, sobre todo, estableciendo un régimen de responsabilidades que elimine o reduzca al mínimo la impunidad. El problema no es de virtud o de su ausencia, sino de un marco normativo omiso y mal diseñado que al menos tolera el ilícito. En esta época, en que existen tratados internacionales contra la corrupción, firmados por la mayoría de los países del mundo, en los que casi todos cuentan con legislaciones que castigan la corrupción, y en la que también tenemos el mayor número de organizaciones de la sociedad civil enfocadas en combatirla, la tecnología que nos permite identificar, investigar y tener un proceso eficiente. En el Índice de Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, encontramos que más de 2/3 partes de los países del mundo permanecen inmersos en sistemas corruptos. Es decir, a pesar de contar con las herramientas necesarias, el mayor nivel de conciencia global sobre este mal en la historia de la humanidad no existe la voluntad política por parte de quienes ostentan el poder, en la mayoría de los países, por vivir en un verdadero Estado de derecho. Los grupos en el poder se aferran a sus privilegios y no están dispuestos a abandonarlos.
En México y el mundo, vivimos una simulación en la que todos los políticos hablan de su compromiso por combatir la corrupción sin que realmente hagan nada por cambiar el sistema del que ellos son beneficiarios. La discrepancia existente entre lo que los gobiernos reportan estar haciendo por combatir la corrupción contra la percepción de sus ciudadanos es enorme. Los resultados logrados, son inaceptables, no con la tecnología y los instrumentos internacionales que nos permitirían avanzar si realmente hubiera la voluntad política de hacerlo.
Hasta ahora ningún gobernante ha comprendido su papel histórico, ninguno ha entendido la oportunidad que deja pasar al tener la posibilidad de transformar a México en un país más justo, más próspero, más igualitario, más democrático.
