Es innegable que el apoyo a la democracia ha disminuido en América Latina; tanto el Latinobarómetro como el Barómetro de las Américas -los instrumentos más rigurosos y consolidados de la región- así lo muestran. Veamos: en 15 años, de 2004 a la fecha, el apoyo a la democracia ha caído 10 puntos[1], pasando de 67.6% a 57% en 2019. Podría parecer un retroceso moderado, pero hay que recordar que este reactivo se relaciona con la legitimidad de los gobiernos, es decir, con su capacidad para poner en marcha sus políticas públicas y sus proyectos; digamos que este dato nos revela que los gobernados estarán más dispuestos a retirar su apoyo a los gobernantes. Y en algunas ocasiones, este vuelco puede favorecer la institución de regímenes autoritarios… en una región con una larga historia de gobiernos militares o autocráticos, mantener la opción restrictiva es muy mala noticia.
Las diferencias entre los países son notables: mientras que en Costa Rica 6 de cada 10 votantes apoyan al sistema democrático, en Perú, Chile, Brasil, Argentina y Bolivia -por mencionar a países que enfrentan descontentos expresados en las calles o en las urnas- el apoyo se reduce a menos del 50% de los entrevistados.
En el último informe del Latinobarómetro[2] se nos ofrece una explicación para el crecimiento de la inconformidad: existe la percepción de falta de progreso, tanto en el plano nacional como en la vida cotidiana de las personas. De hecho, desde hace 8 años se reportó un cambio de tendencia en la medición del progreso neto: pasó de 23% en 2010 a -8% en 2018; una caída superior a 30 puntos porcentuales.
Algunos especialistas económicos han argumentado que la población se equivoca; que en realidad el progreso se ha instalado en la región y muestran cifras para criticar a la población de Chile, por ejemplo, que está exigiendo mayor inversión en políticas sociales. Lo cierto es que los ciudadanos no perciben mejoría en sus economías familiares, aunque los indicadores macroeconómicos se encuentren estables. Por ejemplo, sólo 12 por ciento de las personas entrevistadas en la región latinoamericana consideró que la situación económica de su país es buena y en dos terceras partes de los países, el porcentaje es menor. Para cualquier analista, estos datos revelan la posibilidad de crisis futuras.
Si los actores políticos no entienden el mensaje de la población es muy probable que en los meses siguientes veamos el endurecimiento de los gobiernos ante movimientos que enarbolen reivindicaciones sociales. De esto no tiene culpa alguna la democracia, sino la sordera de las élites políticas. Pero los ciudadanos lo entienden diferente y se muestran proclives a apoyar otros arreglos políticos, aunque sean autoritarios.
La relación entre democracia y desarrollo económico o entre democracia y desigualdad ha sido estudiada por la ciencia política, con resultados poco determinantes, dependiendo de los autores que una lea. Lo cierto es que las reglas de la democracia no se proponen resolver problemas económicos o sociales, sino que ofrecen mecanismos para atenderlos poniendo por encima el interés de la colectividad. Es un modo de organización política que pone en el centro la representación social; y eso debería llevar a los líderes a ser mandatarios.
Es verdad que el malestar no es exclusivo de nuestra región; lo mismo hay protestas en El Líbano que en el Reino Unido o Ecuador. Pero las señales están ahí para quien quiera verlas y prevenir el crecimiento del descontento con políticas que pongan en el centro el bienestar de la población.
[1]El Barómetro de las Américas 2018/19. Universidad de Vanderbilt, LAPOP, America´s Barometer-Barómtero de las Américas. Disponible en: www.vanderbilt.edu/lapop
[2] Informe 2018. Corporación Latinobarómetro. Disponible en http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
