EL VALOR ACTUAL DE LAS AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES

El primero de julio la gran mayoría de los electores se inclinaron por una misma opción política. Para la elección presidencial, el candidato de Morena obtuvo en el país más de 30 millones de votos y estas mismas mayorías se obtuvieron de forma contundente en las elecciones de Diputados y Senadores. Morena tendrá una mayoría en ambas cámaras cosa que, desde 1985, no la tenía ningún partido político ni tampoco un Presidente de México.

El futuro Presidente López Obrador es además el candidato que obtuvo los votos para los integrantes del futuro Congreso, es decir, no existe una independencia partidista o ideológica y, desde luego, es previsible que entre el Presidente, su partido y sus legisladores, por lo menos, en el ámbito federal exista una cercanía muy estrecha. El futuro Presidente podrá no solamente nombrar y remover a los miembros de la Administración pública federal, incluso a aquellos que requieren aprobación del Senado, como embajadores, secretario de Hacienda, Procurador General, Fiscal Electoral etc., sino que podría, con mínimos acuerdos, nombrar y remover a los titulares de los órganos constitucionales autónomos: INAI, INE, CNDH etc. Por ello las autonomías con que cuentan estos órganos cobran especial relevancia.

Los contrapesos a las mayorías que se construyeron utilizando la figura constitucional española de las autonomías, importada, entre otros, por el Dr. Jorge Carpizo. A partir de la década de los 90 se establecieron estas autonomías para poder acotar la intervención del supremo Poder Ejecutivo de entonces, en áreas estratégicas para el desarrollo: a los organismos electorales para garantizar elecciones libres y auténticas; a los organismos públicos de derechos humanos, para evitar actuaciones autoritarias o abusivas por parte de los cuerpos de seguridad; poco más tarde, al propio Banco de México para lograr la estabilidad monetaria; y a la Auditoría Superior de la Federación para establecer una revisión auténtica de la cuenta pública. Estas autonomías cobran ahora la mayor relevancia ya que, justamente, su formación responde a las mayorías absolutas que se tenían todavía en la década de los ochenta del siglo pasado.

La lógica que tienen es que las principales funciones de estas áreas se encuentran blindadas de los vaivenes políticos y de los designios del Poder Ejecutivo en turno, ya que trascienden el periodo sexenal. Y estas autonomías son muy diferentes de las sindicales que se oponen a los patrones para lograr el cumplimiento de los derechos laborales, o de las Universitarias que se oponen a cualquier injerencia externa, ideológica o política.

El sistema de nombramientos de estos órganos intermedios entre la sociedad civil y el poder constituido -consejeros, comisionados y otros titulares de órganos autónomos-, obligaba a lograr acuerdos políticos para conformar cuerpos de decisión equilibrados y confiables para los actores políticos en su conjunto. A partir de 2019 estos acuerdos, si bien serán convenientes, ya no serán necesarios, ante este nuevo paisaje político. El fortalecimiento de las autonomías de los órganos se vuelve muy importante, ya que representará el único contrapeso al poderoso Ejecutivo en áreas estratégicas para la democracia, la seguridad y la estabilidad económica. Incluso en España ya se habla del poder de la seguridad general, igualmente concebido como autónomo, y que está relacionado con las fuerzas armadas de defensa y seguridad nacional.

Las autonomías constitucionales deben ser tales que permitan el desarrollo de las atribuciones sin ninguna injerencia externa, siendo de las más importantes, tal como señala el autor Español  Francisco  Zúñiga Urbina, las “facultades normativas , institucionales y organizatorias”, es decir;  la definición de sus prioridades y programas presupuestarios anuales, la conformación de la normatividad reglamentaria, y la independencia de sus órganos de dirección; desde luego el tema de las remuneraciones a los servidores públicos de estos organismos pasa por esa autonomía presupuestaria y programática, de hecho hemos visto como justamente es mediante la aprobación de los presupuestos de algunos organismos autónomos  como se ejerce la injerencia externa por parte de los poderes tradicionales.

De acuerdo a la teoría iuspublicística alemana contemporánea, según el mismo autor español antes citado, la autonomía de entes públicos dentro del Estado concierne a la forma de organización intraestatal que se expresa a través de la descentralización funcional  en la que emergen entes públicos o personas jurídicas de derecho público que gozan de un mínimo de independencia y autodeterminación, por una parte, y de legitimación democrática, por la otra.

La Sala Superior del Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 94/2002 titulada Institutos u Organismos electorales, establece que estos gozan de plena autonomía constitucional, señala que el poder emisor constitucional ha reiterado la autonomía constitucional de los órganos electorales a través de las reformas de 1993, 1994, 1996 y subsiguientes, misma que también implica una facultad reglamentaria que se traslada en la materia, y deja de corresponder al poder Ejecutivo.

Justo es decir entonces que las autonomías constitucionales se oponen principalmente al Poder Ejecutivo respecto a ciertas atribuciones y facultades propias, pero también para subsistir se oponen al propio Poder Legislativo en las tareas de organización interna y presupuestaria.

Las autonomías constitucionales con que cuentan algunos organismos estratégicos del Estado representan justamente la diferencia en los hechos que pudiéramos tener ahora respecto  al ejercicio del poder absoluto que teníamos en México antes de 1987 , es importante también recordar que México está inserto en el conjunto de naciones democráticas cuyo desarrollo y desempeño es monitoreado por diversas instancias internacionales, tanto financieras, sociales y de seguimiento al desarrollo democrático,  que califican,  entre otras cuestiones, el respeto al marco constitucional  y a la sana división de poderes.

Seguramente en pocos meses esteremos viendo si el control constitucional con que contamos es el que se necesita en el nuevo escenario democrático o sería necesario que estos controles se ajusten a los nuevos tiempos de mayorías legislativas. Los ojos del mundo estarán atentos, así funciona la democracia sin fronteras.