¿NECESARIA UNA REFORMA ELECTORAL?

 “El derecho del voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos”. Juan Jacobo Rousseau.

El primero de julio del pasado 2018 el país vivió el proceso electoral más grande de la historia moderna, se eligieron más de 3400 cargos públicos desde el presidente de la República, 10 Gobernadores, las dos Cámaras del Congreso de la Unión, congresos locales, presidencias municipales, regidurías y, en algunos casos, delegados comunitarios. En síntesis: el mapa político de México se renovó ese día.

El poder cambió de mando y para lograrlo se invitaron a ser funcionarios de casilla a casi 13 millones de mexicanos para que finalmente pudieran haber 1.5 millones en las más de 153,000 casillas electorales a lo largo y ancho del país. Por primera vez en una elección presidencial, el Instituto Electoral Nacional participó junto con los Institutos Electorales Estatales tanto en la organización y promoción, como en el conteo de los votos. Pero más allá de los resultados por todos conocidos, quiero destacar lo que ese día se logró.

  1. La ciudadanía salió a votar con seguridad y confianza. Seis de cada diez mexicanos participaron en el país y se recibieron más de 98,000 votos del extranjero. El mismo día de la elección pudimos conocer quien había ganado los comicios para presidente, gobernadores y para ambas cámaras del Congreso de la Unión.
  2. No tuvimos brotes de violencia o inconformidad por los resultados. Por primera vez desde el año 2006, no hubo manifestaciones en contra del Instituto Electoral ni tampoco en contra de los Institutos locales. La de Puebla fue la única elección cuestionada y se impugnó por las vías legales (una de más de 3400 elecciones).
  3. Los observadores internacionales reconocieron la eficiencia en la organización electoral y lo transparente del proceso y de los cómputos. México logró aprobar la prueba democrática y después de muchas elecciones se logró que el mundo pudiera acreditar la fortaleza de nuestra democracia, lo que ayuda a atraer inversión extranjera y confianza a la inversión mexicana.
  4. La elección de presidente de la República demostró que, mediante los votos, la ciudadanía puede decidir un cambio de ideología en el gobierno, de estrategias políticas y de políticas públicas. La mayoría de los mexicanos, un 52% votó por el actual presidente, el 48% no votó por él y, aun así, a pesar de tener una sociedad dividida, nuestro sistema electoral permitió que la decisión de la mayoría se respetara. Los candidatos electos de las 3400 elecciones tomaron posesión sin problema, en un ambiente de paz y de respeto.

Nuestro sistema electoral nacional ha demostrado que no le pertenece a ningún partido político ni tampoco a ningún gobierno en turno. De 2014 a la fecha se han verificado 14 alternancias en el poder público estatal, es decir como se ha dicho: el voto premia o castiga a los gobiernos en turno y es la única vía pacífica para llegar al poder público.

Lo anterior viene a cuento porque en los últimos meses diputados de Morena, partido mayoritario en el Congreso, han planteado la necesidad de una reforma electoral constitucional argumentando que el sistema es caro y se requiere que sea austero. Como puede verse, no cuestionan porque no pueden que el sistema no funcionó; o que las contiendas fueron inequitativas; o que hace falta incluir a sectores de la población que no están representados proporcionalmente en el Congreso, como las mujeres, los indígenas o los migrantes; o que el INE favoreció a algún partido o gobierno. No. Su único argumento, como en el caso de los hospitales, escuelas, centros de cuidado infantil, etc. es el de su política de austeridad.

Más allá de los pesos que se podrían ahorrar en la organización de las elecciones esto en todo caso no puede ser un fin sino que es un medio. El ahorro o el gasto como tal no puede ser el fin de ninguna política pública ni mucho menos de una reforma electoral. Los fines deben de corresponder a nuestros principios democráticos de lograr un mejor sistema republicano, democrático y federal; un sistema político constitucional más incluyente; que permita una mayor equidad en la contienda; que se logren cumplir plenamente los principios constitucionales electorales de independencia, certeza, imparcialidad, legalidad, independencia, máxima publicidad y objetividad.

Una reforma electoral debiera estar discutiendo, por ejemplo, valorar si sería conveniente establecer en el país la segunda vuelta electoral, el voto electrónico, el voto obligatorio, el voto para menores de 18 años, el voto para las personas que se ausentan temporalmente de su domicilio, la regulación de las fake news y de los ataques políticos en redes sociales, la verificación de la información en las redes, la protección de los candidatos contra ataques violentos  y la protección de los ciudadanos para evitar la coacción o compra del voto. Esos y otros temas son los que se debaten en el mundo y que tendrían que ser objeto de la reforma pretendida, no la simple austeridad.

En todo caso, la reforma electoral debe de cuidar que no se repitan los brotes de violencia, las manifestaciones y los bloqueos en contra de las instituciones electorales y en perjuicio de la ciudadanía, se debe de mejorar la relación del INE y los OPLES, se debe de cuidar el presupuesto de estos órganos autónomos constitucionales, se debe principalmente evitar poner el sistema electoral al servicio de un partido político o del gobierno en turno y hacerlo eso sí, procurando un menor gasto y  mayores ahorros.

Desde hace 30 años la sociedad se ha preocupado por fortalecer el sistema electoral y la vida democrática del país. Se supondría dejamos atrás la historia del partido hegemónico, el dedazo, el tlatoani y la dictadura perfecta que definió para nosotros Vargas Llosa. Debemos construir en base a lo logrado y no pensar en la destrucción de lo que se tiene. La desaparición de los Institutos locales (OPLES), la reducción del Consejo del INE, la fusión de áreas internas, etc. afectará la actuación y autonomía de estas instituciones constitucionales autónomas.

Las elecciones de 2024 y antes, las de 2021, deben de convertirse en fiestas democráticas tal como lo fue la del 2018, en donde los mexicanos podamos salir en libertad a votar por la mejor opción para nuestro futuro. Este derecho no se puede vulnerar. Al país le ha costado mucho alcanzarlo y no le ha costado solamente dinero, sino vidas, esfuerzos, visiones y voluntad de generaciones de mexicanos que no se pueden olvidar con la goma de la aritmética y con la aplicación de un criterio simple de austeridad.

 

Democracia sin fronteras

por Enrique Andrade González

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana tiene estudios...