En fechas recientes se han destacado tres situaciones que generan ya miles de refugiados en América Latina: la crisis económico-política en Venezuela, el endurecimiento del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y la violencia persistente que ejercen las clicas de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Las tres situaciones han llegado a puntos críticos que han atraído la atención de instancias internacionales tales como la ONU, la OEA e incluso la Corte Penal Internacional en el caso de Nicolás Maduro, pues un grupo de países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay), a los cuales se ha sumado Francia, han iniciado un procedimiento para solicitar se investigue al mandatario venezolano por delitos de Lesa Humanidad cometidos contra su pueblo por vía de la represión política.
Si en los años 70 del siglo pasado fueron las dictaduras militares las que provocaron los casos de expulsión forzada de migrantes hacia otros países de América Latina, ahora se observa el fenómeno contrario: los gobiernos o grupos de izquierda en los tres países son los que producen cantidades extraordinarias de desplazamientos humanos forzados, tanto internos como internacionales. Sin embargo, es muy probable que ni los instrumentos jurídicos ni el entramado institucional, desarrollados para asistir a los refugiados de los años 70 y 80, sean suficientes para apoyar adecuadamente a los solicitantes de refugio contemporáneos. Esto, porque ni las causales de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Ginebra de 1951), ni la Declaración de Cartagena, abarcan completamente las causas de los desplazamientos de los refugiados en América Latina en este siglo.
La relación entre la política interna y la política exterior es patente en esta situación de refugiados latinoamericanos, pues justo cuando hay una vuelta a los gobiernos de derecha en Centro y Sudamérica, son los gobiernos remanentes de izquierda los que se están colapsando en cuanto a su capacidad para mantener íntegra a su población. En esta circunstancia, destaca que el próximo gobierno mexicano muy probablemente modifique la posición hasta ahora adoptada por el gobierno saliente, de abierta condena a la situación venezolana, en franca oposición con el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, establecido en la fracción X del artículo 97 constitucional. Ello pondrá a prueba la capacidad del nuevo gobierno mexicano para atender una situación crítica en materia de derechos humanos, pero también en cuanto a su relación con los gobiernos remanentes de izquierda en la región.
En lo que se refiere a Venezuela, un reporte reciente de la ONU refiere que la crítica situación económica y política en ese país ha propiciado el desplazamiento de 2.3 millones de venezolanos a diversos países desde 2015. Los países que más venezolanos han recibido es Colombia, con un total de 600 mil, seguido de Estados Unidos con 290 mil, España con 208 mil y Chile con 119 mil. En un lejano octavo lugar, aparece México con 32 mil inmigrantes venezolanos. Es importante aclarar que no todos ellos han ingresado a los países mencionados como refugiados, aunque los datos más recientes indican claramente una crisis migratoria venezolana que ya ha sido caracterizada como Éxodo venezolano (o diáspora venezolana para ser más precisos). Por ejemplo, la ACNUR dio a conocer que sólo en el primer semestre de 2018 Perú recibió 90 mil solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos, al tiempo que el presidente de Ecuador reveló que diariamente entran a su país 4 mil de ellos.
Ante esta circunstancia, el gobierno de Venezuela primero trató de trivializar la tragedia de una pérdida del 10% de su población en menos de tres años, al considerar que los venezolanos emigran por “moda” y “estatus”, según lo mencionó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Acto seguido, Maduro invitó a los venezolanos en el exterior a regresar a su país, para lo cual instrumentó un plan al que ha llamado “Retorno a la Patria”. Desde luego, el mandatario venezolano hace caso omiso al hecho, para muchos evidente aunque no para él, de que un incremento del 900% en las salidas de venezolanos de su país desde 2016, se debe a que huyen de la precaria situación económica y la violencia política producida por su gobierno, precisamente, por lo cual no es realista esperar que regresen mientras él permanezca en el poder.
En cuanto a la situación en Nicaragua, la salida de grandes cantidades de población se debe al enorme descontento de la población con el segundo gobierno de Daniel Ortega, otrora héroe de la izquierda latinoamericana y hoy un segundo Somoza, por decir lo menos, debido a la represión brutal a la que ha recurrido para permanecer en el poder. Como resultado de la violencia política desatada en el país centroamericano, el vecino país de Costa Rica recibió alrededor de 10 mil solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses hacia agosto de 2018. Asimismo, se ha registrado una salida de miles de nicaragüenses también hacia los vecinos países de Honduras y El Salvador, hecho que ilustra la preferencia de estos ciudadanos de salir de su país de origen, ya no necesariamente hacia el destino tradicional que había sido Costa Rica, sino hacia el territorio extranjero más próximo posible, con tal de saberse a salvo de la represión y violencia desatada por el ex guerrillero transformado en dictador.
Referente a la presencia de los Mara Salvatrucha en amplios sectores de El Salvador, ésta ha sido causa de la emigración de miles de salvadoreños hacia los Estados Unidos y México, pero también hacia Costa Rica y Panamá. La violencia en El Salvador alcanza la cifra de 19 homicidios diario en promedio, lo que ha producido más de 89 mil refugiados y solicitantes de asilo de procedencia salvadoreña. La “Mara” controla grandes zonas habitadas en varias ciudades de El Salvador, y exige el pago de extorsiones a los ciudadanos que han quedado atrapados en esas zonas “Maras”. En tanto, el gobierno no ha logrado disminuir la presencia de las clicas en su territorio, con lo cual ha permitido, dada su debilidad institucional, la pérdida de población migrante hacia los países mencionados.
Ante la exacerbada situación de los refugiados procedentes de Centro y Sudamérica, cabe recomendar a los países involucrados la pronta adopción de nuevos y más adecuados instrumentos de protección a quienes solicitan asilo. Es una percepción generalizada que ni la Convención de Ginebra ni la Declaración de Cartagena abarcan la totalidad de las causales precisas por las cuales se ha registrado una salida tan exorbitante de venezolanos, nicaragüenses y salvadoreños, puesto que si bien hay una situación de violencia generalizada y violación masiva de derechos humanos, muchos de ellos aún pueden incluso volver a su país sin que peligre su vida, integridad o libertad. Eso sí, en el fondo de las causas, lo que peligra y por lo que huyen, es su derecho a una vida libre de violencia y con oportunidades mínimas de progreso, no por “moda” o “estatus”, sino por un mero instinto de supervivencia, y por la muy humana búsqueda de un entorno que les permita vivir con decoro y paz.
