Uno de los pilares de los sistemas políticos democráticos son los partidos. Pueden no gustarnos, pueden quedarse por debajo de las responsabilidades históricas que les son conferidas, pueden desviar sus luchas políticas para privilegiar intereses personales o privados, pueden involucrarse en actos de corrupción o equivocarse en otros aspectos esenciales y, a pesar de ello, son la forma de organización que ha dado estabilidad al sistema político liberal por más de dos siglos.
Surgieron a finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX en Estados Unidos y en Inglaterra como mediadores entre la ciudadanía y el Estado. Desde entonces, no se ha creado otra institución capaz de defender los intereses generales de la sociedad ante los poderes políticos y económicos.
La solución para enfrentar los problemas de organización y credibilidad de esos institutos políticos no es su desaparición, sino la consolidación de un contexto de exigencia más estricto. Y ello nos corresponde a todas y a todos. Es una tarea de Estado que ha sido soslayada y que tenemos que apurar para fortalecer las perspectivas de nuestra democracia.
También, las autoridades electorales deben vigilar que se conduzcan en los marcos establecidos en la ley: revisar sus fuentes de ingresos y sus gastos con minuciosidad para evitar que lleguen a las campañas recursos procedentes de grupos proscritos: gobiernos, iglesias, empresas u organizaciones sociales o empresariales, o del crimen organizado.
En este proceso, enfáticamente se vigilará el cumplimiento de la paridad y de campañas sin violencia de género. Ya existen las normas para sancionar a quienes introduzcan elementos derogatorios basados en estereotipos contra las mujeres. Incluso, los agresores -hombres o mujeres- podrían perder sus cargos partidistas o sus postulaciones a cargos de elección popular si muestran violencia reiterada. Es una gran noticia que eliminará uno de los obstáculos que impiden o limitan la participación de mujeres.
Principalmente, los partidos políticos deben demostrar que están dispuestos a reconciliar sus tareas con las demandas ciudadanas; de recuperar y poner en el centro a las personas para lograr su confianza y obtener su voto el próximo 6 de junio de 2021. Ese día tendrá lugar la jornada electoral más grande de la historia en México, ya que se decidirán 21 mil cargos en todo el país: 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y 1, 926 presidencias municipales.
Es, pues, una oportunidad para que los partidos políticos se acerquen a la sociedad auténticamente y ofrezcan vías de solución a las demandas sociales que constituyen, claramente, la principal razón del desapego hacia la democracia.
El proceso electoral 2020-2021 será la prueba de fuego para el sistema de partidos en México. El 7 de junio veremos si lograron incrementar su influencia política o si se acentúa su debilidad en el espacio público. Si esto ocurriera, no serían buenas noticias. Implicaría la necesidad de repensar y reconfigurar el sistema electoral en el país.
Espero que todos asumamos este reto con seriedad: dirigentes, militantes, autoridades electorales, organizaciones políticas y ciudadanía. No es menor lo que está en juego. Que sea por el bien de la democracia en México.
