El 7 de septiembre inició el proceso electoral federal, que tiene como principal objetivo; preparar, organizar y llevar a cabo la jornada electoral del 6 de junio del próximo año, dar los resultados y calificar finalmente la validez de las elecciones; un trabajo conjunto en donde Gobiernos, federal y locales, partidos políticos, autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y, principalmente ciudadanos son los responsables de que se logre el objetivo de elegir a los Gobernadores de 15 estados del país, la Cámara de Diputados Federal y los Congresos y Presidencias Municipales de 30 entidades de la República.
Se ha dicho que es la elección más grande que se haya tenido y es cierto, por tres elementos que le son únicos; la cantidad de electores -más de 95 millones-, la cantidad de ciudadanos requeridos para instalar las más de 160,000 casillas -1.2 millones de ciudadanos en todo el país-, y finalmente por la cantidad de cargos a elegir -más de 21,000-. La tarea es complicada de por sí, pero más lo será por los desafíos del contexto en que se realizarán y que no se tuvieron en la misma dimensión en 2018.
- La existencia de la epidemia Covid-19, que como sabemos ha causado alrededor de 83,000 fallecimientos y representará la necesidad de trabajar con ella y lograr que los más de 41,000 capacitadores electorales logren los objetivos de la visita a los ciudadanos que pueden ser funcionarios de casilla, capacitarlos y prepararlos; la necesidad de convencer el día de la elección, para que millones de ciudadanos participen sin miedo y acudan a votar con las medidas sanitarias correspondientes y la necesidad de hacer campañas, probablemente sin grandes concentraciones o mítines, utilizando más las redes sociales, que las plazas y las calles.
- La presencia, el próximo año y desde ahora, de la crisis económica más grande que ha vivido el país por lo menos desde 1994, millones de empleos perdidos, salarios reducidos e ingresos disminuidos; la pobreza y desesperanza estarán más presentes que nunca en este proceso electoral; el enojo y la desilusión que ya existían en 2018 ahora lamentablemente se verán aumentadas; no se tiene el mejor concepto de los partidos políticos o de los propios políticos y si las campañas no son adecuadas al contexto y presentan propuestas serias, en lugar de lograr esperanza se podría lograr incrementar la desesperanza.
- La permanente descalificación del INE y el cuestionamiento a su trabajo y decisiones, por el presidente de México, pero también por grupos inconformes con las últimas decisiones como la de negar el registro como partidos políticos a 4 organizaciones que pretendían serlo o los resultados de la encuesta para designar a los dirigentes de Morena; el INE llega al proceso en un contexto de descalificación que no había en 2018.
- Las elecciones siempre provocan cuestionamientos y división social generada por los contendientes; pero las del próximo año se podrían dar en un clima de odio y de violencia que no habíamos visto en México; por lo que se ve, hasta ahora pareciera que no bastaría con ganar las elecciones, sino que además se pretende debilitar al árbitro y a las reglas; tal vez para crear un juego nuevo, en donde las consultas populares sean la regla y no la excepción.
Todo ello estará presente en este proceso electoral, México se jugará su destino para los próximos 20 años, es momento de que impere la mayor madurez y responsabilidad democrática por parte de los actores políticos, las autoridades electorales y las autoridades gubernamentales, la prudencia debe de ser la regla y el bien del país el único objetivo.
Lo que está en juego es la democracia, el nuevo mapa político del país y la estructura del poder que soportará la próxima elección presidencial de 2024, vale la pena recordar que de los 15 estados que tendrán elección, 8 son gobernados por el PRI, 4 por el PAN, uno por el PRD, uno por Morena y un independiente; de este tamaño es lo que se juega en la elección y de ese tamaño será también la batalla electoral.
Para que finalmente las elecciones se lleven a buen término será necesario un dialogo abierto entre autoridades electorales; una relación de respeto con las autoridades del Tribunal Electoral; un permanente flujo de información con los medios de comunicación y con la ciudadanía, que se combata las noticias falsas en redes sociales; la presencia desde ya de la observación nacional e internacional, que pueda certificar el trabajo de organización electoral; una coordinación eficiente con las autoridades de seguridad pública y financieras y un mayor activismo de la sociedad civil para denunciar, compra de votos, uso de programas sociales para fines electorales y desvío de recursos públicos. El 6 de junio de 2021 marcará para México ¡un antes y un después!