El proceso electoral en marcha de este 2025 traerá consigo una de las reformas más importantes en el Sistema Judicial de México: las elecciones judiciales. Este evento no solo marcará un hito histórico, sino que también pondrá a prueba la fortaleza de nuestra democracia y el nivel de compromiso de la ciudadanía. Sin embargo, uno de los mayores retos que enfrentamos de cara a este proceso electoral totalmente nuevo en la historia de nuestro país, es la falta de información adecuada, lo que podría limitar la participación efectiva de la ciudadanía.
En este contexto, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino un deber fundamental para garantizar que el proceso electoral sea legítimo y representativo. Para lograrlo, es necesario que se ciudadanice, que todas y todos sepamos cómo, cuándo y dónde votar, por quién nos corresponde votar, las funciones de las personas juzgadoras y su impacto en nuestro entorno y, lo más importante, comprenda la trascendencia de este ejercicio democrático, pionero en nuestro país.
Una de las claves para un proceso electoral exitoso es la correcta difusión de la información, las autoridades electorales son generadores de opinión en cuanto a procesos electorales refiere y es, precisamente aquí que entra en juego el Instituto Nacional Electoral (INE), que es el único organismo autorizado para promover la participación ciudadana en los comicios de 2025. De acuerdo con la ley, el INE es el encargado de organizar las elecciones y de garantizar que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas.
Sin embargo, la promoción del voto y la educación cívica deben ir más allá de simples anuncios o campañas publicitarias. El INE juega be jugar un rol activo en la educación sobre el proceso judicial electoral: explicar quiénes serán los candidatos, qué funciones desempeñarán los jueces electos y por qué estas elecciones son tan cruciales para el futuro del país. La información accesible y clara debe llegar a todos los rincones de la nación, para que nadie quede excluido del ejercicio democrático.
Sin embargo, el reto no es solo informar sobre cómo votar. Es necesario crear conciencia de lo que significa elegir a nuestras juezas y jueces y cómo este proceso impactará en el sistema judicial y en la vida diaria de las y los mexicanos. Estas elecciones son una oportunidad para que la sociedad recupere la confianza en el sistema de justicia, el cual ha sido históricamente señalado por diversas razones, por tanto, elegir estos cargos de manera directa mediante un proceso democrático puede ser un paso fundamental para fortalecer la justicia en México.
En este sentido, la educación cívica debe ser integral y no solo enfocarse en las fechas y lugares de votación. Debe invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre la importancia de votar por candidatos con trayectoria, ética y compromiso con la ley. En este aspecto el reto de las y los candidatos a juzgadores no es menor y me parece que es un área de oportunidad inmensa.
Ante lo novedoso de este proceso electoral, el reto recae directamente en nosotros, las y los ciudadanos. Como miembros activos de nuestro sistema democrático, debemos asumir el papel de generadores de información veraz, para compartir con nuestros cercanos y contribuir a la creación de un contexto electoral en el que la participación sea representativa y consciente. No podemos permitir que unas pocas manos determinen el rumbo de nuestras instituciones judiciales.
En democracia, las decisiones deben ser tomadas por el pueblo, toda vez que la representatividad es el principio fundamental que sustenta la legitimidad de nuestro sistema político. Solo a través de una participación activa y bien informada podremos garantizar que este proceso electoral refleje realmente la voluntad de la mayoría.
Aunque el INE y sus órganos desconcentrados son los principales responsables de promover la participación ciudadana en estas elecciones (incluyendo posterior a la resolución del TEPJF a los Poderes de la Unión, Poderes Estatales, los Organismos Públicos Locales Electorales y personas servidoras públicas, prohibiendo el proselitismo; es decir únicamente pueden promover la participación y el voto); el desafío es tan grande que requiere la colaboración de otras instituciones y organizaciones.
Escuelas, universidades, medios de comunicación y la sociedad civil debemos contribuir a difundir el proceso electoral y a generar una cultura de participación activa. Siempre bajo el marco de imparcialidad que establece la ley. Ningún actor ajeno a las personas candidatas debe involucrarse en la promoción directa de un partido o candidato, pero sí es posible apoyar la creación de una ciudadanía informada que entienda la importancia de su voto, aspecto que siempre ha representado un reto en nuestro sistema democrático.
Además, se deben eliminar posibles obstáculos como el miedo o la desconfianza en las instituciones. La transparencia en la organización del proceso electoral será clave para que los ciudadanos sientan que su voto realmente puede hacer una diferencia.
Como siempre se intenta enfatizar en los espacios en los que esta escritora tiene la oportunidad de emitir su opinión, la democracia no es un evento aislado, sino un proceso continuo en el que cada uno de nosotros juega un papel esencial. Las elecciones judiciales de 2025 son una oportunidad única para renovar nuestra confianza en el sistema de justicia y fortalecer nuestra democracia. Sin embargo, para que este proceso sea exitoso, necesitamos un involucramiento informado y comprometido de la ciudadanía.
Si bien el INE tiene una gran responsabilidad en la organización y promoción de la participación, esto no debe ser visto como una tarea aislada. Todos los actores de la sociedad debemos unirnos para asegurar que cada ciudadana y ciudadano esté bien informado y preparado para ejercer su derecho al voto de manera consciente. Solo así podremos asegurar que las elecciones judiciales de 2025 no solo sean legítimas, sino también un verdadero ejercicio de democracia participativa.
