En México, votar para constituir los Poderes Públicos es un derecho y una obligación. Así lo establecen los artículos 35 y 36 de nuestra Constitución Política. Sin embargo, no hay ninguna sanción para quienes no acudan a las urnas. Digamos que, en los hechos, el acto de votar es voluntario y en ello vamos con la tendencia internacional. De acuerdo con datos de ACE Project[1], en la gran mayoría de los países del mundo (85% de 245) el voto es voluntario.
En otros, como Bolivia, se impone una sanción administrativa que puede ir desde una multa, hasta la imposibilidad de realizar ciertos trámites, como la obtención del pasaporte. Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay son países que también aplican distintos tipos de sanciones. Es cierto que en estos países el porcentaje de participación ciudadana alcanza un promedio de 78%, mientras que aquellos en los que no se aplican sanciones efectivas la participación electoral ronda el 60%. Sin embargo, la coerción no garantiza que el acto de votar fortalezca el consenso democrático.
Veamos algunos datos que nos brinda el Latinobarómetro 2023. En América Latina, el acuerdo con la democracia alcanza 53.9%. Mientras que, en el grupo de 6 países con voto obligatorio y sanciones, la percepción es muy dispar: en Uruguay y Argentina supera el 60%, es decir que se ubica por encima del promedio; en Bolivia y Perú ronda el 50%; y, en Ecuador, alcanza 37%, casi 17 puntos por debajo de la percepción regional. Cuando se pregunta si la democracia es, con sus defectos, el mejor sistema de gobierno, nuevamente Argentina y Uruguay superan significativamente el promedio de América Latina, Bolivia casi lo iguala y Ecuador y Perú se distancian claramente de esa afirmación. Otros datos de este amplio estudio coinciden en que la obligatoriedad del voto no mejora la satisfacción de las sociedades con la democracia.
Veamos otro caso: las elecciones judiciales de Bolivia en 2017. Decíamos antes que en ese país el voto es obligatorio y con sanciones. En ese proceso electoral votó aproximadamente el 84% de la ciudadanía; sin embargo, la mayoría de los votos, el 51%, correspondió a votos nulos y el 16% a votos blancos o boletas sin marcar. Es decir que el 67% de los votantes no lo hizo por ninguna persona candidata. Estos resultados son muy distintos a los que se presentaron en ese país durante las elecciones presidenciales de 2020: 88% de participación ciudadana, 3.6% de votos nulos y 1.4% de votos blancos. En ese caso, el 95% de los votos se acreditaron a alguna persona candidata. Es decir que con las mismas reglas y con un porcentaje de participación similar, la ciudadanía se comporta de maneras muy distintas y, si se quiere, opuestas.
Y, sí, quiero traer estas reflexiones a nuestra atención con motivo del próximo proceso electoral en el que las mexicanas y los mexicanos elegiremos, por primera vez, diversos cargos del Poder Judicial Federal y locales, en 19 entidades. Es de gran relevancia atraer a una porción significativa del electorado a las urnas el próximo 1 de junio porque, con el voto ciudadano, se constituirá un Poder de la República y no es, por tanto, un asunto menor.
Los desafíos son muy variados: la organización del Poder Judicial es muy distinta a la de los otros poderes y la ciudadanía está menos familiarizada con los cargos, atribuciones y responsabilidades de los juzgadores y juzgadoras. Como resultado de ello, las boletas, las casillas y las formas de realizar campañas nos resultarán, digamos, novedosas. En las boletas votaremos no por una persona, como en las Legislativas o Presidenciales, sino que podremos hacerlo por hasta 9 personas en la boleta correspondiente a la Suprema Corte; 5, en la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial; 2, en la de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 3, para integrar la Sala Regional del TEPJF que nos corresponda; además, elegiremos magistraturas de circuito y juzgadores de distrito. Es desafiante y supone un esfuerzo inédito para la ciudadanía y para las autoridades electorales. Sin embargo, es muy importante destacar que la elección de personas juzgadoras cuenta con un amplísimo respaldo social en México: 85% la apoya, de acuerdo con Enkoll, y 64% de acuerdo con El Financiero. Ese apoyo debería reflejarse en la atención que la ciudadanía ponga en este proceso. Existen distintos mecanismos que se están poniendo en marcha para informar las peculiaridades de este proceso. A ellos me referiré en las próximas entregas, porque la información es una condición para fortalecer la democracia.
[1] Se puede consultar en: aceproject.org
