A la memoria de Rafael Segovia
El estilo personal de gobernar define las acciones y la memoria histórica de los presidentes. Así lo interpretó Don Daniel Cosío Villegas, fundador de El Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica, en el siglo pasado. Por su parte, su discípulo predilecto, recientemente fallecido y gran maestro, el profesor Rafael Segovia de El Colmex, recordaba continuamente que el estilo de los gobernantes también define su destino y la forma en que pasarán a la historia. Actualmente, y ante la celebración del Día de Muertos en México, los estilos de gobierno de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador (quien aunque aún no toma posesión, ya está gobernando) han marcado las más destacadas historias de horror en cuando a falta de tino y profesionalismo, y ultimadamente de oficio político, se refiere.
En el primer caso, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, mostró una absoluta indiferencia al tema migratorio durante todo su sexenio. Simplemente no lo consideró relevante, o “no lo trae” como se decía en los círculos especializados. No sólo eso, sino que cuando estallaron las crisis migratorias de los niños migrantes no acompañados en el 2005, de los “Dreamers” en 2017, y la actual crisis de la Caravana Migrante, Peña recurrió a improvisaciones no siempre acordes con las necesidades del momento. En la primera crisis, de los niños migrantes no acompañados, la reacción fue tardía y bastante desangelada, que se limitó a reciclar la política migratoria de su antecesor para la Frontera Sur, con el relanzamiento de los Oficiales para la Protección de la Infancia (OPIs), así como la emisión de tarjetas de trabajadores fronterizos (TTF) y tarjetas de visitantes locales (TVL) a guatemaltecos, en una pomposa ceremonia ante el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina –hoy convicto por corrupción, por cierto. Tanto los OPI como las TTF y TVL ya estaban incluidos en la Ley de Migración, e incluso las dos últimas ya se emitían regularmente desde 2013, por ello resultó atinado y efectivo el reciclaje. Pero el gobierno peñista no tenía precedentes sobre los cuales anclarse en la crisis de los “dreamers”, ante lo cual se limitó a “abrir” espacios en las universidades públicas para los repatriados y básicamente a esperar lo peor. La suerte estuvo de su lado en esa ocasión, pues un juez estatal consideró improcedente la disposición del gobierno de Trump de cancelar el programa DACA (Acción Diferida para los llegados a EU durante su infancia, por sus siglas en inglés), y la crisis prevista fue contenida gracias al activismo de los jóvenes afectados, ONGs y sus redes de apoyo, en el vecino país del norte.
Sin embargo, la crisis actual de los migrantes centroamericanos que se unieron a la Caravana Migrante, no tiene precedentes y ha tenido una reacción digna de antología de historias de horror. Simplemente Peña y su equipo no supieron reaccionar ante el ultimátum de Donald Trump, enviado por Twitter por supuesto, de que enviaría al ejército estadounidense si México no detenía a la Caravana Migrante, que año con año pasa por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Quizá el error inicial fue permitir tal aberración jurídica, es decir que un grupo de migrantes se uniera a las madres de centroamericanos para buscar a sus hijos ya sea en México o en el vecino país del norte. Sin duda, ellas podían pasar en ambos territorios para buscar a sus hijos, vivos o muertos, pero con certeza de su destino. Tradicionalmente, a esta caravana se fueron uniendo otros migrantes centroamericanos que aprovecharon el libre paso que tenían por México, para llegar a Estados Unidos de manera indocumentada. El espectáculo lamentable de la Policía Federal tratando de contener a miles de centroamericanos que exigieron el paso, en donde llegaron a emplear a un helicóptero para tratar de detenerlos a la mitad del Río Suchiate, mostró a un gobierno mexicano desesperado por evitar sanciones de Donald Trump luego de haberse firmado exitosamente el Tratado de Libre Comercio ahora renombrado USMCA, por sus siglas en inglés, o T-MEC por sus siglas en español. Y todo para que de cualquier forma más de 7 mil centroamericanos hayan traspasado la frontera y sigan con su determinación de llegar a Estados Unidos, a pesar del fallidísimo plan “Estás en tu casa”, que ofrece refugio y opciones de empleo temporal a los centroamericanos que lo deseen, a condición de quedarse en Chiapas o Oaxaca. Previsiblemente, los migrantes lo rechazaron en asamblea, pues su objetivo es pasar hasta los Estados Unidos, en donde los espera la fuerza pública y militar estadounidense.
Ante este estilo improvisado, con fuerte tufo xenófobo y acciones desesperadas del gobierno de Enrique Peña, el de Andrés Manuel López Obrador no resulta mejor. La consulta para decidir entre el aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía no fue sino un ejercicio pseudo-democrático cuya finalidad fue legitimar una decisión tomada de antemano. De hecho, la suerte del NAIM fue decidida desde la elección del 1 de julio en la cual resultó triunfador López Obrador por amplio margen. El presidente electo, al tenor del lema de los sistemas presidencialistas de “el ganador toma todo”, bien pudo simplemente anunciar la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, tal como había planteado desde su campaña, pero decidió montar un ejercicio de democracia plebiscitaria por varios motivos: 1) obtener una mayor legitimidad ante los suyos, para eliminar sospechas de favoritismos; 2) la posibilidad de defender ante tribunales nacionales y extranjeros la cancelación de cientos de millones de dólares en contratos por “decisión del pueblo”; 3) mostrar un estilo de gobernar orientado por una ciudadanía participante. Y en cuarto lugar, destaca que de esta manera, Javier Jiménez Espriú librará en principio el cargo de conflicto de interés que emergería al ser nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), y contar con intereses evidentes en las empresas contratistas del aeropuerto en Santa Lucía, lo cual lo inhabilitaría para el cargo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas. De cualquier forma, tarde o temprano tendrá que firmar algún contrato o partida presupuestaria que constituirá un conflicto de interés, en términos legales, no sólo éticos, por lo cual AMLO debería reconsiderar el nombramiento a la SCT.
En el fondo de las causas, los estilos improvisados y alejados de las razones profundas de la migración de tránsito por México, o el estilo de la democracia plebiscitaria para legitimar decisiones políticas revestidas de populismo, originan ambas historias de terror para los mexicanos en este Día de Muertos. La una, con imágenes de migrantes centroamericanos desesperados por llegar a su destino, enfrentados por un gobierno mexicano represor y carente de ideas. Mientras la cancelación del NAIM muestra que millones de pesos tirados a la alcantarilla, y los que faltan ante demandas nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos, no importan ante la necesidad de AMLO de premiar a sus contratistas, a costa de los contratistas del gobierno anterior. El horror es el resultado, en ambos casos, de estilos personales de gobernar alejados del profesionalismo político que debería distinguir a los gobernantes, o a sus asesores.
