América Latina ha tenido un mes de diversas protestas en distintos países, por causas distintas y sin ninguna conexión aparente… justo como ocurrió en 1968 cuando las protestas juveniles se registraron en un número de países, desde Checoslovaquia a París, de Estados Unidos a México, entre muchos otros. Incluso, se puede plantear que septiembre ha sido un mes de convulsiones sociales incluso más allá del Continente americano: Hong Kong, Iraq, España y Francia también han tenido una buena cuota de manifestaciones multitudinarias y, en algunos casos, tan violentas como en América Latina. Sin embargo, en este análisis me restringiré a revisar los casos de Ecuador, Bolivia y Chile, debido a la mayor afinidad cultural y sociopolítica que presentan entre sí.
En el caso de Ecuador, la realidad alcanzó al presidente ecuatoriano, Lenin Moreno. El FMI le exigió un paquete de ajuste económico, que incluye recortes presupuestales y eliminación de subsidios, a cambio de los recursos que precisa para equilibrar la balanza de pagos ecuatoriana. No obstante, la eliminación del subsidio a los combustibles ha sido, tradicionalmente, causa de protestas multitudinarias en Ecuador, y en varios otros países de Latinoamérica. Y esta vez no ha sido la excepción. Incluso, se sumaron los contingentes de comunidades indígenas de la Amazonia a las protestas. Y en un país donde buena parte de su población pertenece a los pueblos originarios. Lo peor fue la represión a las protestas, que sumaron ocho muertos y más de 200 heridos y detenidos, a lo largo de una semana de manifestaciones masivas.
Si bien el presidente Moreno trasladó brevemente la sede de gobierno a Guayaquil, tuvo que regresar a Quito para atender las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), misma que exigía se retirase el paquete de medidas económicas, incluyendo el aumento al precio de los combustibles. Otras dos demandas eran la renuncia de Moreno y el enjuiciamiento de los responsables de la represión a las manifestaciones. Sin embargo, en un giro inusitado de eventos, la efectiva intermediación de las Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana dio por resultado una tregua al gobierno de Lenin Moreno en Ecuador, al haber logrado un acuerdo satisfactorio para los manifestantes indígenas que asfixiaban la capital, Quito. Con todo, el riesgo de nuevas movilizaciones aún se cierne sobre el gobierno de Moreno, pues el gobierno ecuatoriano aún debe cumplir con un paquete económico que satisfaga a sus acreedores internacionales, especialmente el FMI. Es decir, las movilizaciones pueden volver en cualquier momento, si el nuevo paquete económico no satisface a los más afectados, que son las agrupaciones indígenas, lo que es muy probable ante el nulo espacio de maniobra fiscal y financiera con el que cuenta el gobierno de Lenin Moreno.
En el caso de Bolivia, los resultados oficiales de la elección presidencial arrojaron una muy sospechosa victoria de Evo Morales en la primera vuelta. Según el corte al final de la jornada electoral, Evo habría obtenido 47% de los votos sobre 35.5% del principal opositor, el expresidente Carlos Mesa. Con todo, al más puro estilo de México ’88, la noche del domingo se suspendió el conteo por 24 horas debido a supuestos fallos técnicos, y cuando el sistema de información se restableció, Evo ya se encaminaba a vencer en la primera vuelta. El Tribunal Supremo Electoral, cuyos siete integrantes fueron nominados por Morales y fueron ratificados por la Asamblea Nacional por él dominada, concedió la victoria a Evo Morales en primera vuelta, al haber obtenido más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, a pesar de no lograr más del 50% de los votos.
La oposición no aceptó los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por sospechas fundadas de manipulación de los datos. Los simpatizantes de Mesa tomaron las calles y se mostraron al borde de la desobediencia civil, extendida en varias ciudades bolivianas. Por su parte, los partidarios de Evo también salieron a las plazas a defender la reelección del presidente, pero su concentración fue menor y menos decidida que los iracundos opositores. En el plano internacional, tanto la OEA, Estados Unidos y Argentina manifestaron que debía permitirse la segunda vuelta en diciembre, como estaría previsto por las leyes bolivarianas, con el fin de evitar suspicacias y contribuir a la paz social en el país andino. Los gobiernos de Cuba, México y Venezuela reconocieron la victoria en primera vuelta de Evo Morales, lo que perfila la conformación de un bloque de izquierdas en América Latina.
La alternativa de decidió Morales ha sido la de insistir en la imposición de los resultados oficiales, con el consiguiente riesgo de estallido social, o de tener un último mandato de cinco años con una oposición fortalecida y vociferante, junto con un entorno internacional adverso, suspicaz y muy poco colaborativo, por decir lo menos.
Finalmente, a mediados de octubre, el presidente de Chile, Sebastián Piñeira anunció un incremento a la tarifa sistema de transporte urbano subterráneo, o metro. Sin embargo, de manera sorpresiva se generaron violentas manifestaciones en Santiago y en varias localidades del país andino. La movilización generalizada se dio, no obstante, en un país con crecimiento económico por encima del promedio de la región, en tanto que no hay conflictos electorales en el horizonte.
En el fondo de las causas, las violentas e interminables manifestaciones en Chile se deben a la frustración de las clases medias, ante la inequidad evidente y la falta de oportunidades de movilidad social permanente, pues en ese país es relativamente sencillo salir de los quintiles inferiores de ingreso (sectores empobrecidos), pero también es muy fácil que se retorne a los mismos.
Las protestas significaron una veintena de muertos, 473 heridos, 9,700 detenidos, múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos y la destrucción o vandalización de 118 estaciones de metro y decenas de vehículos. Así, luego de dos semanas de protestas violentas, era cuestión de tiempo para que el presidente Sebastián Piñeira finalmente tomara la decisión de cancelar las reuniones internacionales a realizarse en la capital, Santiago, a mediados de noviembre y principios de diciembre de 2019.
La Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático, en su vigésima quinta versión, o COP 25 habría de celebrarse en noviembre y se esperaba la participación de la activista sueca Greta Thunberg. Sin embargo, a partir de las protestas masivas, las condiciones no son propicias para recibir a mandatarios y miles de activistas ambientales, con su propia agenda de protestas. En cuanto a la Cumbre APEC, se esperaba la asistencia de Vladimir Putin, Donald Trump y Xi Jinpin. Los últimos dos mandatarios habrían aprovechado su estancia en Santiago para firmar un acuerdo de cooperación comercial que podría significar el fin o al menos la distensión de la guerra comercial emprendida entre los Estados Unidos y China. La cancelación de las cumbres de APEC y la COP 25 es un duro golpe al prestigio y el orgullo del Estado chileno, pero es la mejor opción ante la violencia, magnitud y proyección a largo plazo de las protestas de las clases medias en el país andino.
