Alrededor de 11 millones 848 mil 600 mexicanos residen fueran de México. De éstos, el 98% radica en Estados Unidos. La mayor parte de los paisanos que viven al otro lado del Río Bravo, abandonaron nuestro país -a lo largo de décadas- para ir a buscar refugio y mejores oportunidades laborales que, desesperados ante la marginación, en su país no pudieron encontrar. Muchos de ellos han afrontado todo tipo de dificultades en su camino al norte. Vivir y trabajar en una sociedad que con frecuencia es hostil con el inmigrante no les ha sido nada fácil, muy por el contrario, han tenido que sortear múltiples obstáculos como el peligro de la persecución y el maltrato, entre otros. Su esfuerzo y tenacidad en largas horas de trabajo -generalmente extenuante y apartados de donde viven- ha permitido que tengan mejores posibilidades y mayores ingresos en un país donde, a pesar de todo, la vida les es posible.
Los migrantes nunca olvidan a los suyos (con frecuencia dejan atrás a los hijos con los abuelos, quienes asumen por años el papel de padres) y con devoción y constancia envían gran parte del producto de su trabajo a su familia, a su tierra, por la que guardan especial querencia y a la que con ilusión esperan regresar.
Para darnos una idea de lo que se recibe en México por remesas, estas ascendieron a 33,470 millones de dólares en 2018. Tan sólo en el primer semestre de 2019, nuestros migrantes enviaron en total 16,845 millones dólares, registrando un récord histórico. Estas cifras permiten descifrar la aportación tan relevante que realizan a la economía nacional, sin soslayar la relevancia por su incidencia en el desarrollo económico de sus comunidades de origen, en el aspecto cultural y los vínculos que poseen con sus familiares y amigos.
Estos montos dan cuenta de la importancia económica de las remesas como una de las principales fuentes de divisas en el país, propiciando una importante derrama económica por las cantidades que, indirectamente, aportan vía impuestos (en la compra de bienes y servicios), así como para la creación de fuentes de empleo que, paradójicamente, es una de las razones que ha motivado su diáspora.
La presencia de la comunidad mexicana en el exterior y su derecho a participar políticamente ha sido un tema de discusión en las últimas tres décadas. Desde el otrora Instituto Federal Electoral, ahora INE, se han emprendido esfuerzos para contribuir al ejercicio de este derecho sin importar el lugar de residencia.
Cabe señalar que, históricamente, el INE ha sido un interlocutor y puente clave para posicionar e invitar a los diferentes actores involucrados a consensar medidas y construir conjuntamente acciones afirmativas a fin de incluir a todos los ciudadanos que, por alguna razón se encuentran en desventaja en temas cruciales para la democracia. Es así que ha incidido en temas como la paridad, la construcción de un marco jurídico que tipifique las conductas que provocan violencia política hacia las mujeres, o las propuestas de agenda pendiente en materia de representación y participación de la comunidad indígena, por mencionar algunos.
De esta manera y con base en su facultad para el establecimiento de criterios interpretativos que potencialicen los derechos fundamentales, en el 2017 el INE aprobó los criterios y acciones afirmativas que los partidos políticos nacionales o coaliciones tenían que cumplir para el registro de candidaturas federales a diputaciones y senadurías, con el objetivo de salvaguardar el principio de paridad entre géneros y garantizar fórmulas integradas por candidatas y candidatos indígenas.
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ha recibido demandas de larga data de la comunidad migrante relacionadas con la ampliación de los cargos por los que pueden sufragar, así como para su representación política en diversos ámbitos de la vida pública del país.
La población migrante que, sigue siendo mexicana y que como se ha señalado aporta mucho a su país, ha estado relegada de la toma de decisiones en la vida pública de México. Por ello, resulta imprescindible darle voz y representación en el Congreso de la Unión, donde podrían abordar temas coyunturales para atender el fenómeno migrante -tanto en sus causas como en sus efectos- es decir, en ambos lados de la frontera.
En virtud de lo anterior, la comunidad migrante requiere de un mínimo de legisladores federales -que por su número y representatividad-, cuenten con la capacidad necesaria para generar políticas públicas que los beneficien. Ellos demandan, con justa razón, ser valorados en los presupuestos que se diseñan año con año y que parte de la importantísima contribución económica que hacen a México, se devuelva convertida en programas sociales y políticas de desarrollo para esta comunidad y sus familias. Del mismo modo, solicitan que se les represente de manera oficial y se abrogue por sus causas ante congresistas y autoridades norteamericanas.
Para hacerlo realidad, la propuesta de la comunidad migrante sugiere que el Instituto Nacional Electoral emita una Acción Afirmativa a través de la cual se promueva que los partidos políticos nacionales propongan candidatos migrantes por la vía plurinominal. Se plantea que, bajo el principio de máxima inclusión, se respete en la selección: la equidad de género y se considere incluir a los dreamers e integrantes de la generación millennials, para que funjan como enlace generacional. Todo ello con el propósito de que la comunidad migrante participe en el diseño de una agenda legislativa que atienda sus legítimas aspiraciones.
Es así que, en un afán por promover acciones afirmativas dirigidas a las y los connacionales en el exterior, el INE, mediante la Comisión de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto, se comprometió a integrar un documento que articule propuestas que contribuyan a una mayor participación y representación política de la comunidad mexicana en el extranjero, así como a la discusión y análisis del tema al interior de dicha Comisión, a fin de que se discuta con los actores involucrados y se cuente con insumos para el debate de posibles recomendaciones o adecuaciones al marco normativo. De esta forma, el análisis del tema sigue vigente en la agenda de esta institución.
El pasado 26 agosto del presente año fue presentado el documento “Análisis sobre la viabilidad de implementar una Acción Afirmativa a favor de la representación política de la comunidad migrante”, el cual establece que a partir de las experiencias que el INE ha tenido en materia de aplicación de acciones afirmativas a favor de jóvenes, personas indígenas y paridad entre géneros, se colige el establecimiento de una acción afirmativa dentro de la representación proporcional con la inclusión de la figura de la diputación migrante, la cual resultaría una posible vía idónea para brindar acceso, de forma progresiva, a un grupo que exige mayor participación política y el ejercicio efectivo de sus derechos políticos.
Ello hace evidente el reconocimiento institucional sobre la importancia que tiene el tema de la representación política de la comunidad migrante. Sin embargo, existen aspectos relevantes que se identifican en dicho documento y que deben ser analizados exhaustivamente de cara a un posicionamiento institucional definitivo. Los temas son los siguientes:
- Definición de diputación migrante.
- Determinación del número de diputaciones migrantes.
- Determinación de mecanismos y reglas para la integración de candidaturas a diputaciones migrantes en las listas de representación proporcional, así como los requisitos y medios de acreditación.
A partir de lo anterior, actualmente el INE, a través de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero, se encuentra analizando diversos insumos proporcionados por las áreas ejecutivas del Instituto y seguirá implementando acciones, como son la organización de foros, para fomentar la deliberación pública sobre el tema y con ello tener al alcance los elementos necesarios para una mejor toma de decisiones.
Si bien, con la aprobación del voto desde el exterior en el 2005 y la credencialización a través de consulados derivada de la Reforma Electoral de 2014, se dieron pasos fundamentales para incorporar a las y los migrantes a la vida política y garantizar sus derechos, se considera que la representación en el Congreso de la Unión es el siguiente estadio en esta evolución.
La comunidad migrante requiere de un mínimo de legisladores federales que, por su número y representatividad, cuenten con la capacidad necesaria para generar políticas públicas que los beneficien y se conforme una agenda legislativa que atienda sus legítimas aspiraciones y aporte mayores elementos para su protección en ambos lados de frontera. Argumentan que estos legisladores podrían ser un importante puente de dialogo que permita abrogar por sus causas ante congresistas en el Capitolio y autoridades norteamericanas.
De esta manera se busca que, con el consenso de los partidos políticos nacionales y el acompañamiento de autoridades electorales, así como de actores políticos y sociales, se avance para valorar y dialogar respecto a la propuesta migrante.
Se dice que quien migra se desarraiga. No es así. Ellos siguen vinculados familiar, social, cultural y afectivamente con su país. No sólo aportan a su desarrollo económico, sino que también generan trabajo, riqueza e impuestos. La propuesta debe ser analizada a profundidad. La voz migrante merece ser escuchada en el Congreso de la Unión. Siguen siendo parte importante de México.
