Lo que hacen los políticos con el poder varía, dice Moisés Naím en su obra titulada “El fin del poder”; pero la aspiración a poseerlo es el rasgo fundamental que tienen en común. La llamada Ley Bonilla es un claro ejemplo de esto.
No es para nadie un secreto la preocupante situación que vivimos en el país y, no solo por la pandemia que, si bien no es cosa exclusiva de México, está exponiendo la capacidad o incapacidad del gobierno para hacerle frente y para atender el incremento de la inseguridad y la violencia que crece a pesar de estar todos “en casa”; la crisis económica cada vez más marcada y para la cual no hay pronósticos ya no digo alentadores sino, aunque sea estables. En conclusión, vivimos una etapa en la que necesitamos, más que nunca, un presidente con capacidad de reacción que represente a todos los mexicanos, no solo a los que, en un ejercicio democrático votaron por él; el pueblo somos todos, los gobernados somos todos y los gobernantes están en ese lugar gracias a ese ejercicio del que fuimos parte todos, por lo tanto, el gobierno es de todos y para todos.
En este contexto desalentador, en el que algunos factores son externos y otros internos, hemos sido testigos de cómo el estado de Derecho ha sido retado, de cómo actores políticos lo han desafiado, ignorando las reglas, haciendo caso omiso de los procedimientos y hasta de nuestra Carta Magna. La Ley Bonilla impulsada por el gobernador del estado de Baja California, Jaime Bonilla, y cuyo objetivo es ampliar inconstitucionalmente el periodo para el que fue electo, es la reencarnación de estas palabras.
Pero recapitulemos brevemente…En junio de 2019, el entonces candidato a la gubernatura de BC obtuvo el 50.38% del total de los votos emitidos durante la jornada electoral para cumplir un periodo de 2 años; posteriormente se presentó al Congreso del estado una reforma a la Constitución local para ampliar este periodo y que el gobernador electo pudiera permanecer en el cargo cinco años, ya no dos. Me voy a permitir acotar que la gravedad de este hecho no radica en el atrevimiento de presentar dicha reforma sino en el haber sido aprobada por un congreso con mayoría morenista y que, con todas sus letras es inconstitucional.
Bonilla se desmarcó de la autoría de dicha iniciativa argumentando que desconocía el tema, que se trataba de una corrección que no buscó y que el Congreso tenía libertades y funciones muy bien establecidas y, por tanto, él no podía “tirarle línea”. Sin embargo, fue tal el cinismo del beneficio que obtendría que dicha reforma fue bautizada a nivel nacional como “Ley Bonilla”. Lo único que no recordó es que no tiene la libertad de cambiar lo que el pueblo con su voto decidió.
Pese a diversas manifestaciones en contra el Congreso, éste siguió adelante con su intentona. La reacción posterior, el paso que por manual sigue, fue la recepción de impugnaciones de varios actores políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Congreso local se arma una consulta ciudadana carente de legalidad para tratar de legitimar su actuar (no puede existir legitimidad ante un acto que adolece de marco legal, transparencia e imparcialidad). Con este acto, vuelven a evidenciar la ilegalidad, mala praxis e irregularidades en el proceso y ¿cómo no? si el órgano garante de las mismas, el Instituto Nacional Electoral no fue involucrado en el mismo; nuestro sistema se basa en instituciones que son el pilar de nuestra democracia, creando y haciendo valer los derechos de todos, limitando al cause legal el actuar de los actores políticos, creando orden y garantizando la legalidad de los procesos electorales y democráticos por algo.
Por su parte, el INE (Instituto Nacional Electoral) interpuso dos recursos, uno ante el TEPJF y otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscando preservar la democracia y su correcto ejercicio, descalificando la consulta en repetidas ocasiones. Inclusive, Olga Sánchez, exministra y actualmente Secretaria de Gobernación, estableció que este acto no era posible, aunque días después le corrigieron la plana y tuvo que cambiar su postura y apoyar la ilegalidad que se pretendía institucionalizar en aquel estado.
Después de esta serie de acontecimientos y ante el hecho de que la gravedad del acto no era menor, el Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar expresó que con ello “se pretendía violar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución”. Se estaba en riesgo de crear un precedente atroz para nuestro sistema democrático, que si bien es cierto a la vista de muchos puede parecer frágil, es el resultado de la lucha constante de muchos actores que, ante actos como el aquí expuesto, han tenido mano firme y han hecho valer la norma, han defendido el estado de Derecho y han sido la luz para que, nuestro sistema democrático prevalezca, este que es la suma de la lucha de muchos, que no se debe dejar caer por el interés de unos pocos.
En medio de tanta oscuridad, tanto por actos caracterizados por una notable falta de legalidad, honestidad, así como de una abundante ambición política por el poder y de la búsqueda del beneficio de los pocos a costa de los muchos, aunado al escenario de crisis sanitaria que vivimos hoy en día; para sorpresa de muchos, alivio de otros y obviedad de algunos cuantos, la SCJN ofreció una bocanada de esperanza, un recordatorio de que no todo está perdido. La resolución del pasado 11 de mayo que declaró inválida la famosa Ley Bonilla, fue un rayo de luz al final del túnel. El Ministro Franco González dio cátedra de cómo debe elaborarse un proyecto de resolución; de manera íntegra, escrupulosa y de gran contenido, que no deja razón a dudas; la línea fue clara: no hay lugar a violaciones de nuestros procesos democráticos libres y auténticos, no hay forma de ignorar los principios que rigen el actuar democrático del país, no se dejarán pasar ataques al corazón democrático de México. No sé a ustedes, pero a mí me dejó con un gran sabor de boca, con un sentir que me dice que no todo está perdido, que nuestras instituciones están ahí por y para nosotros y que, como ciudadanos, debemos recurrir a ellas para hacer valer nuestros derechos y protegerlos de posibles amenazas.
Aventurarme a decir que una acción como esta significa que nuestro estado de Derecho es una realidad al 100% sería irresponsable, sobre todo si consideramos que el mencionado gobernador, esta misma semana, ha vuelto a tratar de impulsar “La Ley Bonilla2” para que el próximo gobernador dure 3 años en lugar de 6 y así pueda volver a competir en el 2024.
Considero, sin embargo, que lo hecho por el Poder Judicial fortalece su esencia dejando en claro que el “nadie por encima de la ley” puede ser una realidad si seguimos abonando desde nuestra trinchera, echando mano de experiencias como esta para encontrar finalmente un camino con miras hacia la construcción de un mejor porvenir para México.
