En el artículo pasado, comentaba la esperanza de que el sector académico del país, pudiera intervenir en las decisiones de gobierno respecto a aspectos ecológicos relacionados con el impacto sobre el ambiente y los recursos naturales, de las obras de infraestructura propuestas por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador; aportando sus conocimientos y experiencias para vivir de la mejor manera posible y lograr ese bienestar humano del que tanto habla el partido político en el poder. Sin embargo, este sueño cada día se ve más irreal o imposible, dado que AMLO lo va sepultando con la forma de decidir la ejecución u operación de importantes proyectos de construcción como el de la “Central Termoeléctrica Huexca” en el estado de Morelos, que pudiera tomarse como ejemplo de su política o estrategia a seguir para decidir la ejecución de obras de cierto relieve en el país: “consultar al pueblo bueno, yo me lavo las manos como Pilatos”
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente vigente, señala en el Capítulo II, las facultades y responsabilidades que tiene la Federación, los estados y municipios para el cuidado, conservación y uso sustentable de los recursos naturales, y en ningún apartado establece que dicha responsabilidad pueda o deba ser delegada al “pueblo bueno”. El Artículo 28 de la referida Ley, indica que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), será la responsable de autorizar la ejecución de obras de tipo eléctrico en materia de impacto ambiental, no los campesinos o indígenas. Finalmente, el Artículo 157 establece que el Gobierno Federal deberá promover la “participación corresponsable” de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales. ¿Nuestras autoridades no sabrán lo que significa corresponsable? ¿Será porque se encuentran fuera de la ley al no estarlo cumpliendo? o ahora ¿será válido eso de que por encima de la ley nadie, sólo yo?
En el caso de la Planta Termoeléctrica de Morelos, la decisión de ponerla en operación quedó en manos de la gente que vive en la región donde se ubica la planta y por donde pasa el gasoducto que la abastecerá. Para ello, el nuevo Gobierno Federal llevó a cabo una consulta que, al igual que las anteriormente aplicadas para diversas obras, resultó muy cuestionada. De acuerdo a los datos proporcionados por AMLO en su conferencia de prensa del pasado 25 de febrero, se tuvo la participación de 55,715 ciudadanos, de las cuales el 59.5% (33,150 personas), manifestaron estar a favor de poner en operación la termoeléctrica, decisión que será acatada por las autoridades federales. Como “premio” los habitantes de Morelos y los municipios de Puebla y Tlaxcala por donde pasa el gasoducto, van a tener la tarifa eléctrica más baja. ¿Por mi casa pasa una línea de alta tensión, tendré derecho también a una tarifa de luz más baja o seré discriminado? ¿Será gente experta en el tema quién decidió su funcionamiento?
Porque déjeme decirle que expertos y conocedores del sitio, como los que laboran a unos kilómetros de Yecapixtla, lugar donde se encuentra ubicada la termoeléctrica, no fueron tomados en cuenta. Me refiero a investigadores de prestigio, nacional e internacional, que trabajan en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), ubicado en Jiutepec, Morelos, que conocen a la perfección el sitio; o a los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que han propuesto alternativas más amigables con el ambiente tales como usar la energía solar en lugar del gas para mover los generadores de energía eléctrica. Desde luego, no son las únicas instituciones o personal calificado en el país que pudiera aportar ideas y alternativas de solución a los posibles problemas hidráulicos y de contaminación que se pueden presentar; hay otras universidades, centros de investigación, públicos y privados, que pudieran intervenir, incluyendo a la propia Comisión Federal de Electricidad, que jurídicamente tiene el derecho a formar recursos humanos altamente especializados y realizar las investigaciones y el desarrollo tecnológico que se requiera para cumplir con el objetivo de dotar de energía eléctrica al país. Para ello cuenta con presupuesto y lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Considero que recurriendo a este tipo de instituciones, se podría, con fundamentos técnicos y una gama de alternativas, tomar la mejor decisión para el estado de Morelos y sus ciudadanos, y no basarse solo en la votación de 33 mil personas inexpertas o en el voto de confianza dado a Blanca Jiménez de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), externada por AMLO en su discurso del pasado 10 de febrero en Cuautla, Morelos.
Otro hecho que ha levantado suspicacias entre expertos técnicos e investigadores mexicanos, es la declaración hecha por el Presidente, en ese mismo discurso de Cuautla, señalando que se recurrirá a la ONU para que confirme la calidad del agua y que no habrá contaminación de ese recurso en el proceso ¿Cuánto costará ese estudio que, por cierto, puede ser realizado por mexicanos? Me pregunto ¿Qué caso tiene que el Estado invierta en la educación superior, en especial en la investigación, si para situaciones en donde se debe aprovechar el recurso humano nacional capacitado, se hace a un lado?
Hasta ahora, van tres consultas sobre importantes obras de infraestructura para el país: cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, una vía férrea, una refinería y una termoeléctrica que, independientemente de los resultados y el cuestionamiento a la metodología y transparencia en su realización, lo verdaderamente importante es que con ellas, Andrés Manuel y su Gobierno están evadiendo la responsabilidad del impacto económico y al ambiente y su conservación que derivarán de estas decisiones.
Y aunque estas consultas solo se han hecho para favorecer los deseos de nuestro Presidente, queda todavía la esperanza de que al llevar a cabo estos diferentes proyectos, se puedan tomar medidas adecuadas de protección ambiental que atenúen el impacto que van a tener sobre la naturaleza.
Estimado lector, si revisa la página web de la SEMARNAT, encontrará noticias sobre acuerdos, convenios, programas, etc. que la Secretaría está signando a nivel nacional e internacional. Me vuelvo a cuestionar ¿Qué caso tiene invertir esfuerzo y dinero en estas acciones, si los recursos y servicios ambientales de nuestro país, se pueden dañar por órdenes de gente inexperta y ante la falta de información y conocimiento?
Con esta última acción de AMLO para poner en marcha la Central Termoeléctrica de Huextla, hace ver que para esta Administración, el desarrollo sustentable del país no interesa. Habrá seguramente otros intereses sustentables, pero al estar descuidando la dimensión ambiental del desarrollo, evidencia una falta de atención al pueblo de México. Esperemos que nuestras autoridades, al enfrentar los problemas que surjan en la realización de estas obras, se den cuenta de que para algo sirve la ciencia y el personal calificado, o que el “pueblo” pueda alcanzar una educación de calidad, que le permita en estos próximos seis años tomar mejores decisiones. Hasta la próxima.
