El candidato a gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, actual secretario de gobierno por el partido Republicano y quien tiene a su cargo el proceso electoral en su estado, solamente durante el año pasado, ha negado el registro para votar por primera vez a 670,000 ciudadanos, 70% de los cuales son de origen afroamericano, latino y oriental. En las últimas elecciones para gobernador, la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de poco menos de tres mil votos.
En Dakota del Norte, se modificó la ley electoral para evitar que los habitantes de pueblos indígenas con identificaciones que no indiquen calle y número, puedan votar. La Senadora Heidi Heitkamp, quien ganó la elección al Senado hace tres años busca reelegirse, para lo cual requiere del voto indígena. En las pasadas elecciones HeitKamp ganó con una diferencia del 1%. Esta senaduría es considerada definitoria para devolver el control del Senado a los demócratas.
En Waller County, Texas, donde se encuentra la Universidad Praire View, con una población 70% afroamericana, se ha prohibido votar a sus estudiantes, a pesar de que la Constitución de Estados Unidos, permite a los estudiantes votar desde sus universidades. Al presentarse el rector de la Universidad a denunciar el hecho ante las autoridades electorales del condado, es detenido tras saberse que es demócrata.
Este es el resultado de que los republicanos utilicen el poder gubernamental en una elección, cuestión nada ajena en México. La diferencia es que, al menos, en Estados Unidos existe todavía el Estado de derecho y en México aún no logramos consolidarlo.
La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco a favor del reacondicionamiento del Aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca y la construcción de 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, afecta la certeza legal que precondiciona la participación del sector privado en grandes proyectos de infraestructura.
La manera en que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tomó esta decisión a través de una consulta llena de irregularidades no vinculante, cuando aún no es gobierno, agrega otro factor de riesgo a México, además de la incertidumbre jurídica. El mensaje que reciben los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, es de desconfianza. Desconfianza ante un nuevo gobierno que es capaz de decidir la cancelación de un proyecto transexenal y la construcción de otro, sin elementos sólidos. Desconfianza al comprobar la falta de planeación y visión de largo plazo para el país. El uso del poder gubernamental en México para beneficiar al grupo político en funciones ha sido parte del sistema político mexicano y es una clara manifestación de la falta de Estado de derecho.
Se estima que la cancelación del NAIM costará unos diez mil quinientos millones de dólares y puede provocar la aceleración del pago de intereses de los bonos emitidos para financiar su construcción, que son de alrededor de seis mil millones de dólares más. Sin embargo, el costo de esta decisión no solo es económico, el costo más alto será la desconfianza en el nuevo gobierno.
México está llamado a ser el líder de Latinoamérica, difícil de lograr si no existe conectividad entre nuestro país y las ciudades de Centro y Sud América. Mientras en México seguimos discutiendo si, Atenco, Texcoco, Santa Lucía o Tizayuca, países como Panamá, Perú, Colombia y Chile se han convertido en los puntos de conexión del sur del continente, y de éste con Asia y Europa. Posición que debió haber ocupado México con el aeropuerto de la Ciudad de México, Cancún y muchos otros que nunca se pensó desarrollar.
El señor López Obrador debe entender que debido a la situación orográfica del Valle de México el cuello de botella se encuentra en la limitación del espacio aéreo sobre el valle, dos aeropuertos no duplicarán el espacio aéreo para despegues y aterrizajes; pero si costarán el doble. Extraña, que dada la importancia que ha venido manejando sobre su programa de austeridad, no haya considerado esto.
Mientras tanto los inversionistas nacionales e internacionales siguen esperando que un problema de más de veinte años se resuelva. Un problema que se ha agudizado debido a la inacción, consecuencia de privilegiar la política al desarrollo del país. Es urgente que México establezca un plan de desarrollo a veinte años, un plan ajeno a los partidos en el poder, un plan blindado de procesos electorales y alternancia de poder. López Obrador ha destacado la apremiante necesidad de disminuir la desigualdad en México, pero parece olvidar que para lograrlo se requiere de inversión, tanto nacional como extranjera; de certidumbre jurídica; de planeación, de un eficiente intercambio de bienes y servicios; de transparencia y de un verdadero combate frontal contra la corrupción.
La desigualdad, fenómeno que ha estado presente desde el inicio de la civilización, nace y se alimenta de la visión que algunos grupos de interés tienen de su superioridad frente a los otros y se expresa a través de un acceso desigual a las garantías individuales, y en la prostitución de las instituciones que deben velar por los intereses de sus ciudadanos.
En los ejemplos sobre abusos de poder en Estados Unidos, el sistema de justicia ya está tomando acciones, en la Universidad de Texas se abrió el voto anticipado a los estudiantes de la universidad y la lucha continua en la corte. Para las comunidades indígenas de Dakota del Norte la disputa se mantiene buscando nuevas formas que les permitan votar, y en el estado de Georgia, otra elección sumamente cerrada, la decisión del candidato republicano de mantener su posición, como secretario de estado, es una clara muestra de la falta de ética y respeto a las instituciones que caracteriza la administración del presidente Trump.
Estados Unidos tiene en unos días la oportunidad de reconsiderar el rumbo que ha tomado su país, aprender de los errores cometidos y corregirlos. Deberán volver a privilegiar a las instituciones sobre los grupos de poder. En México no tenemos esa misma oportunidad, dependemos de las decisiones de un nuevo presidente que ha demostrado no creer en las instituciones existentes; la interrogante es, si será capaz de reconvertirlas sin destruirlas. Porque sin instituciones fuertes, ni un estado de derecho sólido, la desigualdad y la pobreza, no solamente no disminuirán, sino seguirán en aumento.
La falta de Estado de derecho en México y la corrupción son los dos principales problemas que señalan los inversionistas. Independientemente de la necesidad que tiene el futuro gobierno en revisar esta decisión, por los motivos arriba señalados, es imperativo que, así como cumplió la promesa de campaña de la consulta, cumpla con la de combatir la corrupción. Es urgente que empiece a dar señales claras y a explicar las medidas que tomará para hacerlo. Luchar contra la corrupción y crear un sentido de responsabilidad y buen gobierno es un proceso continuo que requiere de directrices precisas, procedimientos y mecanismos eficaces. Hacer esto de inmediato mandaría un mensaje positivo que le permitiría mantener el interés de la comunidad inversionista en México.
